Lo anterior, en reunión con los maestros jubilados que denunciaron actos de presión por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del gobierno estatal, para desistirse de las demandas laborales interpuestas como reclamo de la prima de antigüedad.

Los profesores aseguraron que representantes del SNTE han acudido a sus hogares para hacerles firmar un papel, en el que se comprometen a cancelar el proceso legal a cambio de 9 mil 500 pesos.

A lo cual, el diputado perredista Fidel Demédicis Hidalgo pidió a los maestros a desistirse de rubricar, ya que el gobierno pretende no asumir su responsabilidad y sólo pagarles 100 millones de pesos, cuando la intención es que se destinen 200 millones con los que se cubrirá la prima de antigüedad de más de 8 mil trabajadores de la educación retirados.

En rueda de prensa, la diputada Hortencia Figueroa Peralta confirmó que hasta el momento el gobierno del estado se ha negado a publicar el decreto, aprobado hace casi un mes para reformar la Ley de Egresos 2011 y reasignar 24 millones de pesos que se tenían etiquetados para el rubro de proyectos especiales.

La legisladora dijo que el gobierno tiene la intención de hacer observaciones e incluso se conoce que el Ejecutivo estatal podría iniciar una controversia constitucional contra la determinación del Congreso del estado para evitar cumplir con el pago a los profesores.

Fidel Demédicis dejó en claro que es el Poder Legislativo el único facultado para aprobar y modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, por lo que el gobernador Marco Antonio Adame Castillo tendrá que acatar esta decisión y pagarle a los maestros jubilados los recursos que ya el Congreso local les asignó.

Los profesores jubilados anunciaron una nueva movilización para el martes 8 de marzo y denunciar a miembros de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y empleados de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que están acudiendo personalmente a cada domicilio a entregar cheques por el pago parcial de la prima de antigüedad, pero bajo la condición de desistirse de las demandas laborales.