A unas semanas de la reactivación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y en el segundo día de los diálogos para la construcción de la nueva ley general en la materia, informadores pidieron que se reconsidere la designación de Adriana Barroso Rodríguez como directora del propio mecanismo, a quien acusaron de no cumplir la norma y rechazar una solicitud de activación.

Las y los periodistas intervinieron en el referido foro convocado por la Secretaría de Gobernación y dieron lectura al documento dirigido a Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno y presidente del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El reportero Pedro Tonantzin Sánchez dio lectura al documento en que expresaron su reclamo: “Expresamos nuestro más enérgico reproche en contra de la actuación omisa y negligente de la C. Adriana Barroso Rodríguez, recientemente nombrada por la Secretaría de Gobierno como directora ejecutiva del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien rechazó aceptar la petición de incorporación a dicho mecanismo de un periodista morelense, quien durante la cobertura de un hecho violento fue sometido y esposado por policías y, además, exhibido antes pobladores y familiares en la escena del crimen el pasado 22 de marzo, en el municipio de Tlaltizapán”.

Cabe recordar que hace unos días, el caso se difundió en redes sociales con la publicación de un video en el que el periodista en cuestión se observa esposado, y se ha difundido que él llegó al lugar de los hechos para hacer su labor, pero fue detenido por elementos policiacos a pesar de haberse identificado.

Tonantzin Sánchez expresó que “la servidora pública, de manera irresponsable e infringiendo las disposiciones de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, determinó en automático rechazar la solicitud del periodista agraviado sin antes someter su petición al Consejo Consultivo y/o al subcomité técnico para realizar una evaluación de riesgo con base en las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La abogada y ex funcionaria de la Comisión estatal de Derechos Humanos desestimó de facto la solicitud del periodista, con el argumento de que no había amenazas ni riesgo alguno para su integridad física y así, unilateralmente, lo “canalizó” a la Comisión de Derechos Humanos del estado para interponer su queja. Y la pregunta es: ¿No hay ningún riesgo para un periodista que fue sometido violentamente, esposado y exhibido públicamente en la escena del crimen, en una zona donde opera a sus anchas la delincuencia común y organizada?”.

Explicaron que el procedimiento legal establece que el caso debió ser atendido de inmediato y sometido a las instancias pertinentes, además de ser registrado de forma adecuada.

“Todo este procedimiento previsto en la ley no ocurrió y, evidentemente, nuestro compañero periodista fue revictimizado institucionalmente por la funcionaria en cuestión, quien incurrió en una grave omisión y negligencia al negarle su derecho a adherirse al mecanismo estatal ante la agresión sufrida por elementos de una corporación policíaca”.

“También solicitamos que se dé trámite inmediato a la solicitud de adhesión al mecanismo del periodista agraviado y una reunión con el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, ante este hecho que no puede pasar por alto y por una serie de incidentes que se han registrado en los acordonamientos de las escenas del crimen, donde algunos miembros de corporaciones policiacas locales y fuerzas federales han obstruido la labor periodística de manera arbitraria” añade el referido documento, expuesto en pleno evento de la consulta que concluyó este viernes y que enmarcó a Morelos como la quinta entidad en la que se desarrollan los citados diálogos.