La Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) demandó a las autoridades educativas poner frenar que se condicione la  entrega de documentos al pago de cuotas escolares, pues sólo se han deslindado pero nadie ha sido sancionado por estas prácticas, que se repiten año con año.  

El presidente de la agrupación, Mauricio Miranda Villalva, recordó que conforme a la legislación vigente, los comités y la asociación existen y deben ser respetados, y en ninguna parte del marco normativo del país se elimina la potestad de los padres sobre los asuntos educativos de sus hijas e hijos. 

Sostuvo que ahora, en muchos casos, se ha suplantado a los comités de padres, con el pretexto de que se tomaron acuerdos en los consejos de participación social, y a final de cuentas quienes manejan los recursos y presionan para las aportaciones son los directivos.  

Señaló que hay mucha molestia y al menos cuatro quejas formales en el sentido de que autoridades de diferentes planteles educativos han exigido el pago de recursos a cambio de los documentos de los estudiantes, poniendo como argumento que se trata de un acuerdo de los comités de participación o como consecuencia de decisiones derivadas de los consejos técnicos escolares.  

Por lo tanto, están exigiendo el pago de cuotas, que van desde los 200 hasta los 500 pesos “y creemos que la cantidad podría ser lo de menos,. El problema es cómo lo están haciendo” expresó.  

Hizo notar que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) como cada año, sacó un comunicado mediante el cual se deslinda de la solicitud de las multicitadas cuotas y señala que no está permitido condicionarlas, pero a final de cuentas esta práctica prevalece, porque jamás se ha aplicado sanciones.

Dijo que es una realidad innegable que hay muchos casos en los que se está condicionando la entrega de documentación al pago de los recursos. Comentó que han recibido quejas de escuelas de Emiliano Zapata, de Cuernavaca y Cuautla, entre otros municipios. 

“Es una actitud deleznable de algunos maestros que engañan y mienten porque digan que tienen que entregar recursos a los consejos sociales de participación social, que tampoco están funcionando… El IEBEM no sólo debe decir que está prohibido, ya es momento de que tome acciones en concreto para corregir estas anomalías… la prueba es que en años jamás se ha aplicado una sanción. Entonces la autoridad es permisiva y se convierte en cómplice”, aseveró.