Buscan a servidores públicos participantes en el trato que permitió a una pareja apoderarse de un bebé cuya entrega fue pactada con la madre, que al final se arrepintió y se quitó la vida después de disparar contra el padre de la criatura.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga al personal médico y a los servidores públicos municipales que pudieron haber incurrido en algún delito en un caso de “maternidad subrogada” –cuya conducta no está regulada en Morelos- que terminó en tragedia en el municipio de Zacualpan de Amilpas.

El lunes 2 de agosto se informó que Itzel “N” disparó contra Jaime “N”, tras acudir a las instalaciones del DIF Municipal para cumplir con el régimen de convivencias con su hijo de dos años y discutir por la custodia del menor. Después de herir al hombre en el tórax, la mujer se suicidó con un arma de fuego calibre 32.

De acuerdo con los indicios preliminares recabados por la FGE, Itzel mantenía una relación sentimental con Jaime, casado y cuya esposa no había logrado embarazarse. Al paso del tiempo, Jaime convino con Itzel de manera verbal y por escrito en la “renta de vientre” para que él y su esposa pudiesen convertirse en padres. Al dar a luz en un hospital privado, la mujer habría rechazado entregar al bebé y pese a ello la pareja se quedó con el menor y lo registró como suyo con un certificado de alumbramiento falso o alterado.

Entonces comenzó una batalla legal en los juzgados familiares en la que Itzel promovió un reconocimiento de maternidad y logró que se le concedieran las convivencias vigiladas, las cuales se desarrollaban en las instalaciones del DIF Municipal de Zacualpan.

Aparentemente, tras una fuerte discusión por la custodia del pequeño en el estacionamiento de la dependencia municipal, la mujer sacó de su bolsa el arma y disparó contra Jaime, para después quitarse se la vida.

El fiscal estatal Uriel Carmona Gándara explicó que el caso sigue a cargo de la Fiscalía de Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, ya que desde el primer momento se abordó con perspectiva de género, pese a que los elementos periciales han determinado que el deceso de la mujer fue un suicidio.

También señaló que es un caso peculiar, que tiene su origen en una disputa legal de carácter familiar  por una “maternidad subrogada”, que aunque ilegal en Morelos es muy común en la práctica y que obliga a la fiscalía a indagar sobre otros hechos presuntamente constitutivos de un delito en la expedición de documentos falsos o alterados sobre el alumbramiento y registro civil de nacimiento del menor.

Por ello, dijo, se investiga “de responsabilidades de autoridades que tienen que ver con estos hechos que potencialmente pudieron haber hecho la expedición de documentos con contenidos falsos y también el uso de documentos de manera indebida ante otras autoridades y eso es lo que está investigando en parte la Fiscalía de Feminicidios, porque aquí es importante hacer el análisis de contexto, no nada más nos vamos a quedar en la sanción de un hecho, sino que tenemos que revisar todo lo que ha pasado en torno a esto en el que tienen que ver servidores públicos. Incluso estamos viendo que hay médicos que pudieron haber expedido estos documentos, como certificados de alumbramiento o actas de nacimiento, y el uso de estos en proceso judiciales, incluyendo el Ministerio Público de la zona Oriente.

“El esfuerzo que se está haciendo es muy importante porque es un asunto emblemático donde la fiscalía del estado está realizando una investigación con perspectiva de género, mediante la aplicación de protocolos que realiza un equipo multidisciplinario, y entonces el resultado que para nosotros es el ejercicio de la acción penal ante el juez de control, va abarcar todas las responsabilidades que tengan que fincarse, no nada más sobre las personas que protagonizaron los hechos de violencia el 2 de agosto sino las personas que pudieron haber generado lo que ocasionó la violencia que culminó con el  homicidio en grado de tentativa y el suicidio de Alma Itzel”, explicó.

Recalcó que el estado de salud de Jaime “N” es estable y el menor, cuya diputa legal estaba en curso, se encuentra con la esposa del hombre y será un juez especializado en materia familiar el que determinará quién conservará la guardia y custodia.

Actualmente, en los estados de Tabasco y Sinaloa se permite la maternidad subrogada, mientras que Coahuila y Querétaro prohíben en sus códigos civiles explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada. En Morelos y el resto del país la práctica permanece desregulada.