En realidad solo fue una convocatoria para apoyar a una profesora víctima de violencia de género que compareció en el área jurídica.

Este viernes fueron desalojadas las oficinas centrales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) ante la supuesta amenaza de que las instalaciones fueran tomadas por un grupo de maestras que acudió a denunciar presuntos violencia de género y laboral en algunas escuelas y señalaron como principal responsable al titular del departamento jurídico, Rafael Vargas Larios.   

Pasadas las diez horas, corrió en las oficinas del organismo, la versión de que llegaría a la sede del IEBEM un grupo de maestros y maestras de Xoxocotla “muy agresivos” a protestar, con la advertencia de que podrían cerrar los accesos del inmueble, por lo que se ordenó sacar los vehículos del lugar; posteriormente, la representación sindical llamó a sus agremiados a evitar confrontaciones y los trabajadores exigieron condiciones para no quedar encerrados, como en otras ocasiones en que ha habido protestas.  

Finalmente, los trabajadores y prácticamente todo el personal desalojaron el inmueble y dejaron de dar servicio en este último día de labores antes del período vacacional. 

Los guardias de seguridad del propio instituto cerraron los accesos y argumentaron a los usuarios que pretendían ingresar que todos habían salido, que ya no había atención: “No hay nadie en las oficinas ya todos se fueron”.   

Dicha versión, según fuentes consultadas por La Unión de Morelos, provino del llamado que se difundió en redes sociales, para realizar una protesta este viernes en el instituto.  

Dicha convocatoria, difundida ampliamente en el magisterio y entre algunas organizaciones civiles de feministas, fue para presentarse en el IEBEM para exigir un alto a la violencia de género en contra de profesoras y demás personal femenino de este sector. 

“Denunciamos la violencia de género que se vive al interior del IEBEM y en particular desde la dirección jurídica contra las maestras, violentando el derecho al debido proceso, actuando sin perspectiva de género, con una actitud misógina, acoso laboral, dolo y mala fe, acciones que ponen en riesgo el derecho a la justicia, la verdad y a una vida libre de violencia para las mujeres”. 

Además, en un documento que se hizo llegar a esta casa editorial, se expuso que las maestras inconformes demandaron la intervención del director del IEBEM en este asunto: “Exigimos la intervención del director general del IEBEM en los casos particulares de mujeres maestras que se están llevando a cabo en el jurídico del IEBEM”. 

“Hacemos un llamado a las colectivas feministas a solidarizarse con la lucha de las maestras, llamamos al gobernador, a la comisión de Derechos Humanos, a las periodistas, al enlace educativo de la SEP en Morelos, al Secretario de Educación, para que estén atentos ante estos violatorios procesos que se están llevando a por parte del Licenciado Rafael Vargas Larios. Llamamos a todas las maestras, supervisoras, administrativas, intendentes, jefas de sector a sumarse”. 

A final de cuentas llegaron al organismo algunas maestras, que expusieron que hay mucha inconformidad porque en varios asuntos que recaen en el departamento jurídico del IEBEM se actúa con discriminación de género; las denuncias por acoso sexual no tienen seguimiento; varios de esos casos derivan en presión y represalias a las maestras y por ende en acoso laboral. Muchas víctimas, al ver este círculo de impunidad, no se atreven a denunciar oficialmente, anotaron. 

Alguna de las inconformes, que acudieron este viernes al instituto para respaldar a una de las denunciantes que tenía audiencia en el área jurídica), sostuvieron que la mayoría de los asuntos denunciados son ignorados o se resuelven a favor de la persona agresora.

“La mayor actuación  que se ha visto es que el agresor, sólo sea cambiado de centro de trabajo y en otro peor, que la víctima sea separada de su centro de trabajo y mandada a otro más lejano”, expusieron.  

Finalmente pidieron al director del IEBEM Eliacin Salgado de la Paz que se establezcan protocolos para dichas situaciones; que toda denuncia de acoso sexual en contra de maestras o cualquier trabajadora de la educación, sea investigada a fondo y sancionada; además de establecer medidas de prevención en todos los centros de trabajo.