En los dos últimos meses se ha venido presentando una polémica originada por la exigencia de los transportistas morelenses, para subir las tarifas que paga el público por ese servicio. Inicialmente pedían un 50% de aumento, y su petición se ha reducido a 20%, finalmente. Este aumento lo piden debido al incremento en sus costos de refacciones, diésel y mantenimiento de las unidades.

Con firmeza, el gobierno del estado se ha negado pues, como sucede cada vez que hay estas peticiones, los permisionarios se comprometen a mejorar el servicio y no cumplen. En 2021, por ejemplo, hubo compromiso de instalar GPS, hacer la revista mecánica a sus unidades y dar mejor trato al público. Obviamente, para quienes hemos usado el servicio, y también para el gobierno, no se han cumplido ni siquiera en una proporción significativa. El último aumento fue ese año, cuando subió de 8 a 10 pesos el pasaje, autorizado en plena pandemia del Covid-19.

Al respecto hay dos consideraciones. Es cierto que, de 2021 para acá, hubo un incremento del 14% en el costo del Diesel, y que en general la inflación ha aumentado los costos de los insumos en todas las actividades económicas. Sin embargo, esa misma inflación ha afectado a los consumidores, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, el cual se incrementó 31%, desde 2021 a la fecha.

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares en Morelos, 2022, que realiza INEGI, el gasto que los morelenses dedicamos a transporte y comunicaciones representa el 20% de nuestros gastos. Es el segundo rubro más importante de gasto después de alimentos y bebidas (39.4%). Este gasto es muy importante porque es un gasto continuo que hacemos para desplazarnos. Si bien los ingresos en los hogares aumentaron 20%, de 2020 a 2022, la inflación nulifica dichos aumentos al reducir la capacidad adquisitiva de los salarios.

Es por eso el descontento por el incremento del pasaje. La inflación no solo ha afectado a permisionarios, sino que ha afectado más fuerte a la ciudadanía. Además, algún chofer entrevistado anónimamente señalaba, además, que, con estos aumentos a la tarifa del transporte, no se benefician los operarios, sino los dueños de las unidades, que piden más “cuenta” a sus choferes.

Es de aplaudirse la firmeza del gobierno estatal ante estos embates, haciendo valer la autoridad y la ley. En algún momento, sin duda, se tendrá que actualizar la tarifa, pero siempre deberá ser congruente con la realidad que vivimos, diariamente, los ciudadanos en las calles.