A pesar de que el mismo procurador, Pedro Luis Benítez Vélez, en diversas ocasiones negó dar detalles de la investigación argumentando necesario sigilo y prohibiciones legales, presuntamente la propia fiscalía de homicidios de mujeres filtró detalles de la investigación como la existencia de un video que presuntamente incrimina al investigador y esposo de la académica, Miguel Ángel Ramírez Romero, estigmatiza al caso como “pasional” o “sexual” y difunde cuestiones privadas de la víctima.

La vocera de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Juliana García Quintanilla, dijo que debe fincarse responsabilidades a los servidores públicos de la Procuraduría estatal que indebidamente propagaron información que atenta contra la dignidad de la víctima y pone en riesgo la propia investigación.

“Nosotros no defendemos a nadie sin tener elementos, pero en este caso hay que señalar que están ocurriendo una serie de irregularidades que, incluso, van en contra de los principios del sistema oral de justicia penal.

“Hay una falta de ética y profesionalismo, hay una actitud irresponsable de los servidores públicos que han filtrado información, aun cuando los estándares del nuevo sistema de justicia exigen secrecía en las investigaciones”, dijo García Quintanilla.

Recalcó que no es la primera vez que hay negligencia e irresponsabilidad por parte de los funcionarios de la fiscalía en la investigación de los feminicidios, pues en otros casos se ha difundido información que estigmatiza, descalifica y revictimiza a las mujeres asesinadas. “Es lamentable que la fiscalía incurra en tal irresponsabilidad e ilegalidad en contra de las víctimas que ya no se pueden defender”, dijo.

Sostuvo que este tipo de conducta también es violencia contra las víctimas y por ello “solicitaremos que se inicie una investigación a los funcionarios que siguen filtrando información y que siguen generando violencia hacia una persona que murió”.

Recalcó que los servidores públicos no solamente deben responder penalmente por su falta de ética y profesionalismo, sino ser sancionados con base en la Ley para una Vida Libre de Violencia que contempla sanciones desde la separación del cargo hasta la inhabilitación.