En conferencia de prensa, representantes de organizaciones y de instituciones que participaron en el Observatorio explicaron que este trabajo se llevó a cabo con financiamiento del Instituto Nacional de las Mujeres y con la participación de la sociedad civil, así como del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y la propia Procuraduría General de Justicia del estado.

El objetivo de dicho estudio fue mejorar la información estadística de instituciones públicas de Morelos, que genere indicadores cualitativos y cuantitativos a partir de los acuerdos internacionales firmados por México concretados en el llamado “Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará” sobre acceso a la justicia, con la participación de organizaciones civiles.

Nadxieelii Carranco Lechuga, vocera del Cocofem, destacó que no se obtuvo información del Poder Judicial en torno a la administración de la justicia para las mujeres en el tema de violencia, no obstante que se capacitó al personal del Tribunal Superior de Justicia, se realizaron reuniones con magistradas, con el presidente del propio TSJ, Falcón Vega, y otros funcionarios del mismo, y jamás se les entregó nada desde agosto hasta noviembre del 2011.

Reconocieron que la Procuraduría General de Justicia del estado, a través de la Dirección de Auxilio a Víctimas, su área de estadística, así como la fiscalía especializada en delitos contra la mujer, colaboró abiertamente y con toda disposición para la realización de dicho estudio así como en la capacitación o actualización del personal, con la colaboración de Ministerios Públicos.

Recordaron que dicho trabajo tomó para el análisis las estadísticas oficiales como parte del objetivo central y en virtud de que no hubo respuesta por parte del TSJ, se analizó los datos de la PGJE.

Resultados

Entre los resultados dados a conocer, se destaca la necesidad de establecer ciertos criterios que hagan posible una mayor utilidad de las bases de datos o estadísticas, ya que en el período referido se señala que dicha institución no sigue los lineamientos establecidos en los tratados internacionales para dar un seguimiento a los casos de violencia contra las mujeres.

En los datos, hay muchas lagunas pues incluso en muchas de las denuncias no hay información fundamental como los nombres de víctimas y victimarios ni edades; no es posible tampoco establecer un perfil del victimario pues tampoco se detalla información en torno a la relación “víctima-victimario” ya que en ninguna de las denuncias se especificó si el agresor era el esposo, el jefe, el maestro, un vecino o desconocido, por ejemplo, y se plantea que dentro de los “generales” tal vez no se pregunta a la denunciante esta información. “Nos parece que hay indicadores muy graves como el hecho de que no pregunten a la víctima, por ejemplo, en el caso de violación su nombre ni su edad, porque entonces no se puede establecer si se trata de estupro”, apuntó.

Durante el 2010, se registraron dos mil 98 delitos de género; los delitos considerados fueron abuso sexual, estupro, homicidio doloso, violación, violación calificada, violación entre cónyuges, violación por equiparación, violación tumultuaria y violencia familiar. En el documento se subraya que hubo un importante número de denuncias formuladas por mujeres por “lesiones” pero no se especificó si se trataba de género, por lo que se tuvo que sacar, para efectos del estudio, estos casos.

En cuanto a edades, los rangos son muy amplios pero el mayor número se registró en las mujeres de 30 años de edad, la media es de 29 años, y las denuncias de violencia a mujeres van desde los dos a los 99 años y esto porque no se registran las agresiones a niñas menores de los dos años.

En lo que tiene que ver con escolaridad, se indica que de las 2,098 denuncias, 518 mujeres tienen la secundaria terminada, 13 tienen posgrado y 93 son analfabetas, pero enfatizan que esto no quiere decir que sean las mujeres con secundaria las más agredidas, sino que son las que más denuncian. Las que menos se arriesgan a hacer una denuncia son las de mayor formación académica.

El 35 por ciento de las mujeres que denunciaron es ama de casa; 20 por ciento, empleadas, y las profesionistas, obreras y campesinas no están denunciando. Se reportan menos de diez denuncias por estas últimas ocupaciones.

El tipo de violencia que se denunció en mayor medida fue la violencia intrafamiliar, aunque no se especifica cuál es el tipo de violencia que se ejerce. La que más se refleja en la gráfica es la sexual, pero no se especifica si dentro de este indicador el agresor es familiar porque precisamente no se señala, como no se había señalado cuál es la relación.

Más homicidios que los registrados por ONGS

En cuanto a homicidios, la base de datos reporta que en el año ya citado hubo 155 homicidios dolosos a mujeres, que no están en la fiscalía de delitos contra mujeres y que se disparan al 200 por ciento de la cifra que el Cocofem tiene de ese año, que fue de 50 feminicidios. “No sabemos. Es una cifra que sale cuando se hacen las gráficas. No se detalla estos 105 homicidios que salen en los datos; en dónde son investigados o por qué no han sido enviados a la fiscalía especializada”, apuntó la vocera.

De los datos que se tiene sobre victimarios, los grupos más altos de quienes violentan a las mujeres se encuentran en hombres de 13 a 21 años de edad. “Esta gráfica debería obligar a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Juventud a hacer una ardua labor de reeducación en relación con la violencia contra las mujeres”, expresó al referir que el reporte señala que de todas las denuncias sólo se especifica la edad de los presuntos agresores en 122 de éstas.

Recalcó que no se puede establecer un perfil del victimario porque cuando se levantaron las denuncias, tampoco se les pidió o no se reportan datos de ocupación de los agresores, o presuntos delitos.

Los municipios de más alto índice de denuncia contra las mujeres son Cuernavaca, Jiutepec y Cuautla; las diferencia entre los dos primeros municipios es de más de 400 casos y esto, consideraron, está relacionado con que las fiscalías o módulos de atención a víctimas de violencia se concentran en zonas metropolitanas, no porque no haya casos en otros municipios o zonas.

No obstante, refiere el observatorio, el mapa de denuncias serviría a la Secretaría de Seguridad Pública para determinar posibles acciones para la prevención del delito en determinados lugares donde se han registrado el mayor número de delitos contra las mujeres.

Finalmente, se destacó que el TSJ no entregó los datos solicitados en torno al acceso de las mujeres a la justicia, pues no se proporcionaron datos sobre sentencias, medidas cautelares, entre otras.

La Procuraduría de Justicia informó que después de un año o poco más de un año, de todas las denuncias del 2010, el 88 por ciento sigue en trámite, es decir, no tuvieron consignaciones. Sólo hubo consignadas 47 denuncias a los tribunales, 14 se desecharon por incompetencia y el resto está en archivo o en consulta de archivo o en consulta de reserva.

En este sentido, destacaron que hace falta el cumplimiento de compromiso por parte del Poder Judicial para que con los datos se analice si las mujeres tendrían o no acceso real a la justicia.