Por su lado la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), junto con mujeres trabajadoras integrantes del SME en Cuernavaca, jubiladas integrantes del Pacto por la Soberanía Alimentaria y Energética, artesanas nahuas y mazahuas, indígenas de Cuentepec, activistas de derechos humanos y precandidatas del movimiento social, destacaron que en este momento electoral constituye la coyuntura para que las mujeres definan un nuevo rumbo a la nación, exigiendo a partidos el reconocimiento pleno de los derechos políticos de la mujer.

Con pancartas, que formaban un gran letrero con la leyenda “por el derecho a decidir”, las integrantes de la Red “Ddeser”, realizaron una manifestación este martes en el zócalo de esta ciudad. Andrea Acevedo García aseveró que uno de los graves pendientes o “deudas” con las mujeres en Morelos, es el concretar las reformas legislativas para que la entidad, vuelva a estar a la vanguardia en cuanto a la norma, por el derecho a decidir.

Recordó que no se ha concretado las reformas que algunos partidos prometieron a la Constitución en su artículo segundo que penaliza el aborto y la contrarreforma al Código de Procedimientos Penales, pues en la legislatura pasada, se modificó y se eliminó el párrafo donde se establece el procedimiento porque el que una mujer que ha sido víctima de violación, puede solicitar la interrupción del embarazo.

Informó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, desde el año 2007 cuando se despenalizó allá el aborto, 217 mujeres morelenses han ido a hospitales públicos de la Ciudad de México a interrumpir su embarazo, lo que “responde a una necesidad de las mujeres de Morelos, que tienen que ir a otra ciudad, porque el Estado morelense no les ha garantizado ese derecho ni siquiera en casos de violación. Y encima hay poco acceso y poca o nula información sobre métodos de anticoncepción en servicios de salud”.

“Es una falta de compromiso de diputados, en este caso del Partido del Trabajo, que se comprometió y no se cumplió con esas reformas y ahora hay una incongruencia jurídica. El Congreso no ha hecho nada y es importante recordar en este año preelectoral cuáles son los actores y los partidos políticos que han prometido cosas para las mujeres y que no las han cumplido, debemos tener los ojos fijos en esas personas para castigarlos o premiarlos con nuestro voto”.

En este planteamiento, coincidieron mujeres convocadas por la CIDH que también este martes señalaron en conferencia de prensa, que “la actual coyuntura electoral es una gran oportunidad para que las mujeres demos un nuevo rumbo a la nación, a fin de construir un futuro más libre y promisorio, justo y democrático como bien lo apuntan feministas progresistas que plantean reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones y hacer de cada mexicana una ciudadana con todos los derechos. Esta debe ser la meta esencial de los partidos y organizaciones progresistas y, por supuesto, de la izquierda y del movimiento social. No hay derechos políticos plenos sin derechos de las mujeres”.

Juliana Quintanilla, representante de la Comisión, destacó que durante muchos años ha costado comprender que las mujeres experimentan desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades de desarrollo, salario y seguridad social, así como a cargos altos en instituciones públicas o privadas.

“En Morelos el feminismo ha aportado elementos importantes de conciencia social. Vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia, con una crisis política con corrupción e impunidad, más de 50 millones en la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre social. A la difícil situación de pobreza, violencia y migración que viven las mujeres, se suma el trabajo precario, sin seguridad social, bajos salarios y discriminación laboral entre otras cosas, que hacen necesaria la conformación de una alianza donde converjan todas las trabajadoras del país para hacer frente a esos fenómenos. La absurda guerra contra el crimen organizado del gobierno y la militarización del país ha implicado la violación sistemática de los derechos humanos y, específicamente, de las mujeres”, destacó.

En cuanto a los derechos políticos, señalaron que es urgente el cambio para las mujeres, pues “somos el 51.63% del padrón electoral, 3.26% más que los hombres. Somos entre 38 y 45% de la Población Económicamente Activa, pero recibimos 30% menos de salario en comparación con los varones. Encabezamos familia en 23% de los hogares y en el 50% de los hogares el trabajo de las mujeres es fuente sustantiva del ingreso familiar”.

“En el terreno político no existe la democracia mientras las mujeres no forman parte de la toma de decisiones. Si bien hemos logrado representación en organizaciones civiles, en asociaciones laborales y en movimientos sociales de trascendencia histórica, esta no se registra, en cargos de representación popular. Menos del 25% de las curules en la Cámara de Diputados y del 20% en el Senado están ocupados por mujeres; menos del 13% son titulares de secretarías, 22% en las subsecretarías y 30% en las direcciones generales del Poder Ejecutivo. Las mujeres han ganado espacios en las asambleas ejidales, siendo actualmente casi 17 mil las presidentas de los Comisariados Ejidales y 25% de los poseedores de tierras. Pero siguen pesando sobre buena parte de ellas, las normas discriminatorias y la ausencia de sus derechos a la tierra”.

Enfatizaron que la discriminación para las mujeres persiste en muchos o todos los aspectos, especialmente en la justicia, y en otros fundamentales como la educación, la salud y el empleo. “El 8 de marzo sigue siendo de lucha y resistencia, no de fiesta, como insisten en hacerlo creer quienes desde el poder tienen un discurso que no se concreta en la práctica”, concluyeron.