A cuatro años de implementada la justicia oral en Morelos, el litigante penalista expresó que es necesario que los operadores del sistema hagan una evaluación profunda y reconozcan que todavía “hay fallas importantes”, motivadas por el desinterés de las instituciones en la autocrítica y la falta de disposición para escuchar las opiniones de los abogados.

Además, dijo, que desafortunadamente no existe comunicación entre todas las partes que interactúan en la justicia oral, y esto ha impedido cumplir con los objetivos.

“Necesitamos que el procurador tenga disposición para poder interactuar con los Ministerios Públicos, el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, para interactuar con los jueces e incluso los magistrados, y a su vez con los abogados a través de los conversatorios, para ponernos de acuerdo en figuras jurídicas un tanto dudosas y dirimir controversias en criterios legales, que alargan las acusaciones”, sostuvo.

De igual forma agregó: “Consideramos que no se está respetando el proyecto inicial, donde cada acusación que se hiciera ante el Ministerio Público (MP), se buscaría una solución alterna sin llegar a un tribunal y así habría muchos menos casos en la etapa de juicio oral; el sistema está diseñado para que solamente el 10 por ciento de todas las acusaciones ante el Ministerio Público puedan culminar en un juicio oral, pero hoy se están llevando al revés, el 90 por ciento llega a juicio oral y el 10 por ciento se desvanece a través de un medio alterno de solución de conflictos, cuando debería ser al revés”.

Por ello, sostuvo que los juicios orales en Morelos, tienen un costo muy alto, pues se calcula que cuesta más de cien mil pesos derivado de la inversión en insumos, recursos humanos y materiales.

Dijo que si de verdad se aplicara la justicia alternativa para dirimir los conflictos, el número de juicios orales sería menor y las soluciones serían prontas.

“Si los operadores muestran mayor disposición y nos involucran a las partes, a los abogados y asesores jurídicos, es decir, representantes legales de víctimas y de acusados, podemos concientizarnos y conciliar los asuntos, porque es factible en este sistema, pero no somos llamados ni por el MP ni por los jueces para eso”, dijo al señalar que “hay delitos mínimos, en los que no vale la pena que los imputados pisen la cárcel”, ya que los delitos patrimoniales son los de mayor incidencia como el robo (sin violencia), fraude o abuso de confianza, los cuales se podrían conciliar a través de la justicia alternativa sin necesidad de llegar a un litigio ante los tribunales.