Expresó que las autoridades no deben sorprenderse de que los docentes en retiro tomen medidas extremas para hacer cumplir un derecho que les asiste después de una larga batalla legal y un resolutivo de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El también representante del Grupo Educa, dijo que si la vía jurídica e institucional no sirve para atender los reclamos, entonces la gente recurre a medidas drásticas, no sólo para ser escuchados sino para hacer cumplir con la constitución, las leyes y las sentencias emitidas por los tribunales.

Destacó que los profesores jubilados no han tenido otra opción que seguir saliendo a las calles a protestar, porque quienes tienen la obligación de cumplir con la ley y pagarles la prima de antigüedad que les corresponde, no lo hacen.

Detalló que aun cuando ya fue publicado el decreto en el que el Congreso del estado autorizó al Poder Ejecutivo 100 millones de pesos para pagar a 8 mil seis docentes su prima de antigüedad, la justicia no ha llegado.

“No obstante que hay un decreto, no obstante que ya esta publicado y que todo mundo ya se pronunció al respecto, el estado de derecho no se cumple y por eso la gente tiene que ir a la barricada o tiene que ir a la calle a gritar justicia, porque quienes tienen la obligación de hacer cumplir la constitución y las leyes, no lo hacen y me refiero al congreso, al poder ejecutivo, incluso los tribunales”, dijo.

Sostuvo que aun cuando hay un pronunciamiento al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sentencias de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que condenan al Instituto de Educación Básica a hacer el respectivo pago, “el estado de derecho está en una severa crisis”, porque no se cumplen con la resoluciones y mandatos legales.