De acuerdo con la versión oficial, la mañana de ayer, personal de custodia encontró al reo sin vida y con marcas de golpes en todo el cuerpo en la planta alta de la zona de ingresos del penal; de inmediato se dio parte a la procuraduría estatal para el levantamiento de cadáver y el inicio de la respectiva carpeta de investigación. 

A través de un comunicado, el gobierno de Morelos consideró que “este hecho de violencia registrado en el Cereso de Atlacholoaya, es consecuencia de las resistencias a las adecuaciones y modernización del sistema penitenciario”; sin embargo, las autoridades estatales no dieron información clara sobre las circunstancias en que ocurrió el deceso del reo.

Y que desde la reaprehensión, Montaño Montes surgió la versión de que había sido torturado por agentes ministeriales y su estado de salud era crítico, pero la procuraduría  mantuvo hermetismo al respecto.

Sin embargo, las suspicacias sobre las circunstancias en que ocurrió el deceso del interno se multiplicaron, ya que Hilario Montaño Montes en su última declaración ante al agente del Ministerio Público, había dado detalles de una red de corrupción al interior del penal que le había permitido junto con otros reos planear la fuga en complicidad con servidores públicos.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lucero Benítez Villaseñor, pidió a la Unidad de Reinserción Social y a la procuraduría un informe urgente sobre el deceso de prisionero, así como solicitó permitir el ingreso al Servicio Médico Forense (Semefo) al visitador Especializado en Asuntos Penitenciarios, Raúl Díaz García, para certificar las lesiones en el cuerpo de occiso. “Se hizo una solicitud para que el visitador pueda entrar al Semefo y pueda hacer una certificación de las lesiones porque una la circunstancias, pues que llaman la atención, es que se encontrara con golpes contusos que pudieron ser la situación por la cual él pierde la vida.

Se supone que él presentaba su declaración sobre los acontecimientos de cómo fue el operativo para que él se pudiera dar a la fuga y pues a la mejor no querían que se conociera esa información”, afirmó.

Consideró imprescindible esclarecer la muerte del interno, es decir, si el deceso fue consecuencia de la presunta tortura que sufrió por parte de agentes ministeriales o si fue asesinado a golpes dentro del penal de Atlacholoaya. “Por eso es bien importante el dictamen médico de ingreso al penal, de cómo hacen la puesta a disposición de las autoridades y cómo lo entregan, y lógicamente hacer la certificación ahorita médica para que entonces se pueda determinar si en el momento de su ingreso él ya llevaba lesiones que pudieron haber ocasionado eso (su muerte) si lo golpearon en el transcurso de la madrugada”, indicó.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades penitenciarias rindan ante el organismo la información respecto a las circunstancias en que ocurrió la recaptura, los detalles de su reingreso al penal y custodia hasta al momento del deceso.

No obstante, Benítez Villaseñor consideró muy grave el incidente debido a que la víctima estaba bajo la tutela del estado, cuyas autoridades incurrieron en omisiones e incumplimiento de responsabilidades.

Por ello, la defensora de los derechos humanos exigió una investigación profunda del caso y que no quede impune como otros eventos ilícitos ocurridos dentro de los penales.

Ayer mismo, elementos del Ejército y Policía Federal en coordinación con la Policía Estatal, reforzaron la seguridad en la zona perimetral del penal de Atlacholoaya y aparentemente había un clima de calma dentro del centro de reinserción.

Desde la fuga ocurrida el pasado 3 de enero, permanecen prófugos Ulises Jonathan Bobadilla Medina, procesado por un juez de Distrito por el delito de secuestro y los hermanos Santiago y Antonio Domínguez Vázquez, sentenciados a 20 años de prisión también por  delito de secuestro.