Expresó que es preciso que se culmine el proceso legislativo y publique la Reforma Constitucional aprobada tanto por el Congreso como por los ayuntamientos, para que el próximo año o el subsecuente, pueda asignarse el 4.7 por ciento del presupuesto estatal a los tribunales que integran el Poder Judicial.
“Consideramos que debe concluirse esa parte del proceso legislativo, de tal manera que exista claridad en cuanto a los recursos que se destinan para los cuatro tribunales que integran el Poder Judicial, porque decir que no se encuentre en la agenda del Tribunal Superior de Justicia, no significa que no se encuentre en la agenda de Tribunal Contencioso, o el Tribunal Electoral tal vez, o del Tribunal Unitario”.
Aseveró que “nosotros tenemos urgencia y necesidades financieras que, afortunadamente, en este año fueron atendidas en alguna medida razonable para el Tribunal Contencioso por parte del Congreso el Estado, pero aún así, si se ostenta con la representación del Tribunal Superior de Justicia, la presidenta debería de consensuar con los presidentes de los diversos tribunales, la postura que al respecto deberíamos de tomar como Poder Judicial”.
Expresó que si bien la controversia es un recurso jurídico posible, la representación del Poder Judicial está obligada a consensuar con los presidentes de los tribunales distintos al Superior de Justicia, e incluso tener la iniciativa de hacer gestiones para concretar la autonomía financiera sin necesidad de llegar a la confrontación jurídica o política.
“Si ya está concluido el procedimiento legislativo en lo que toca hasta el Congreso del Estado, lo que a quien ostenta la representación de Poder Judicial, le debería de corresponder llevar a cabo las gestiones ante la autoridad competente”, dijo.
“Porque si yo como TSJ tengo un presupuesto abultado que me permite atender las necesidades sustantivas, pues a lo mejor no estoy interesado en la reforma, pero otros tribunales como el caso del Contencioso Administrativo, pues sí lo estaríamos y que del dinero que se destina año con año, se hagan incrementos paulatinos a los tribunales que urgentemente estamos necesitando de mayores recursos, y a lo mejor no tendríamos que llegar a las controversias constitucionales o conflictos políticos, simple y sencillamente hacer los ajustes que correspondan en el manejo de los dineros”, sostuvo.
Agregó que hasta ahora la presidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, no ha convocado a los presidentes de los otros tribunales para analizar el tema de la autonomía financiera y fijar una postura consensuada.
Incluso, este viernes Morelos será sede de la primera reunión plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en el que uno de los temas fundamentales es el tema de la autonomía financiera de los Poderes Judiciales de los estados; sin embargo, la anfitriona, la magistrada presidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, hace unos días declaró ante los medios de comunicación que el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial del Estado de Morelos, no está en la agenda en este momento porque hay otras prioridades.
Expresó que es urgente que el Congreso complete el ciclo legislativo con la emisión de la declaratoria de la Reforma Constitucional que daría el 4.7 por ciento del presupuesto estatal anual al Poder Judicial; sin embargo, sostuvo que la postura expresada por Lara Chávez fue unilateral.
Indicó que si no es posible concretar la autonomía financiera, por lo menos debería plantearse la discusión sobre la distribución equitativa de los recursos entre los tribunales que integran el Poder Judicial ante carencias que enfrentan algunos, como el caso del Tribunal Contencioso Administrativo que este año obtuvo un mínimo aumento presupuestal.
