Tras las acusaciones hechas en contra del ex secretario de Movilidad y Transporte (SMyT) David Gómez Basilio, el pasado lunes, por actos de corrupción como la entrega de diez vehículos Volkswagen Jetta y un millón 200 mil pesos a cambio de concesiones, integrantes de la Coalición de Representantes del Transporte Público salieron en defensa del ex funcionario.

Afirmaron que los taxistas que denunciaron al hoy coordinador de asesores del gobernador del estado por el delito de fraude, también se han visto beneficiados con concesiones, sin embargo, buscan que el Ejecutivo les entregue un número mayor de permisos a los que "negociaron".

"Es gente que quiere tomar estas coyunturas para obtener más concesiones, pues ya estamos cansados que todo mundo le meta la mano al proceso que nos ha tardado tanto tiempo resolver", manifestó Enrique Rodríguez Zagal, vicepresidente de la coalición antes mencionada.

Los transportistas dijeron que "no podríamos meter las manos al fuego por David Gómez Basilio", sin embargo, afirmaron que quienes lo acusaron de actos de corrupción, sí tienen antecedentes de fraudes en contra de otras agrupaciones de taxis.

"Esta señora, Adriana Flores (Gómez) Nájera, está manejando situaciones que a nosotros nos tocó vivir de manera diferente y que el que ella presente denuncias penales en contra de los funcionarios que está señalando, se nos hace una situación de mala fe porque vuelve a afectarnos a nosotros, porque habrá más actores políticos que utilizarán esto para pegarnos a nosotros y detener este proceso", declaró Rodríguez Zagal.

Los transportistas que se pronunciaron a favor de las acciones del ex secretario de la SMyT, como representantes de por lo menos diez agrupaciones, pagaron por cerca de 400 concesiones. Según dijeron, no erogaron más de 25 mil pesos por título, tal y como lo marca la ley, y negaron haber entregado dádivas a cambio.

Sin embargo, sus unidades continúan en circulación con permisos provisionales, pues el proceso está detenido desde el pasado mes de febrero por determinación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que ordenó suspensión provisional del proceso de regularización del "pirataje", que inició en enero pasado.