El ex auditor es acusado por la Fiscalía de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de extraviar un expediente que contenía un pliego de observaciones hechas en el 2003 al actual presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, lo que permitió que el funcionario se amparara y con ello evitara regresar al erario público 9 millones 400 mil pesos.

Ayer el defensor público Alfredo Vergara, se enfrentó a la fiscal del caso argumentando que no hay elementos para condenar a su representado, pues aseguró que en el desfile de testigos se pudo demostrar que el sustituto de Casamata Gómez (Luis Manuel González Velázquez), sabía de la pérdida de los documentos, pero no hizo nada para evitar que el actual alcalde pudiera evadir la acción de la justicia.

En sus argumentos la fiscal agregó que el ex auditor fue condenado a dos años de prisión por un delito no grave, y que no fue llevado al Penal de Atlacholoaya porque pudo conmutar la sanción con el pago de una fianza.

La representante social dijo que a su juicio quedó acreditado que el auditor fue omiso para darle oportunidad al edil que promoviera el amparo, pues en el 2009 denunció ante el Ministerio Público a Espín Navarrete, y hasta el 2010 acude a ratificar la averiguación previa.

Indicó que la acción omisa del imputado al no reponer el expediente, provocó que el ayuntamiento de Puente de Ixtla no recuperara los 9 millones de pesos.

En ese sentido el abogado afirmó que es incongruente señalar que su representado otorgó los medios para evadir la acción de la justicia, ya que fue el propio Casamata Gómez el que en su momento detectó irregularidades correspondientes de los meses enero-mayo del 2003.

Esta fue la última oportunidad para que cada una de las partes expusiera sus argumentos, mientras que los tres jueces escuchaban el debate que sostenían los implicados.

Según la defensa, los ocho testigos que presentó el fiscal del caso en sus declaraciones, corroboraron que supieron a tiempo de la pérdida de los documentos y que no hicieron caso para poder así culpar a Casamata Gómez.

“Además porqué no hizo nada el ayuntamiento de Puente de Ixtla y la Auditoría Superior de Fiscalización, porque ambos se enteraron cuando un juez de Distrito les pidió un informe justificado, es más, sabían desde muchos meses antes”, argumentó el litigante.

Al término del debate los jueces Berta Vergara, Martín Domínguez Casarrubias, así como Leticia Damián Avilés, citaron a las partes para hoy miércoles a las 12: 30 horas en la Sala Uno para dar a conocer el sentido de la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria.