Tras confirmar la localización e identificación del cuerpo decapitado del activista, el fiscal estatal, Rodrigo Dorantes Salgado, salió al paso de las duras críticas y pronunciamientos de organizaciones sociales que en las últimas horas expresaron su indignación por la privación de la libertad y de la vida del luchador social, de apenas 30 años y que recién había concluido su licenciatura en Relaciones Internacionales.
Acompañado del fiscal de la zona oriente, José Manuel Serrano Salmerón, y del coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, Rodrigo Dorantes dio a conocer la detención de cuatro hombres presuntamente implicados en el asesinato y sostuvo que el principal móvil que investiga la Fiscalía es “un conflicto de intereses” entre el Frente Popular Revolucionario y otra agrupación autodenominada “Semilla” o “Los Victorinos”, quienes presuntamente se disputaban la repartición de predios en aquella localidad para jornaleros migrantes de los estados de Guerrero y Oaxaca.
Detalló que al recibir la denuncia de la desaparición del activista, el día 4 de febrero, la Fiscalía Regional Oriente, junto con la PIC y apoyo de fuerzas federales, inició un operativo de búsqueda que concluyó con la localización del cuerpo decapitado de la víctima y la detención de cuatro personas identificadas como Héctor “N”, Elidio “N” (ambos de 35 años), Víctor, de 25, y Victorino, de 50 años de edad, tras un cateo a un domicilio en la misma localidad.
Hasta el cierre de esta edición, los detenidos, presuntamente implicados en la autoría material del crimen, estaban imputados sólo por resistencia de particulares y posesión de un vehículo de procedencia ilícita, pero la Fiscalía espera obtener en lo inmediato más elementos sobre su supuesta participación en el homicidio.
Además, fueron decomisados cuatro vehículos (un Nissan blanco, sin especificar modelo, un Nissan Aprio, un Volkswagen Beetle –que cuenta con reporte de robo– y una motocicleta), así como un machete y otros instrumentos no precisados por la autoridad y que forman parte de la investigación.
El fiscal estatal descartó que se trate de un crimen político o un crimen de Estado e insistió en que todo apunta a una disputa por la posesión de predios.
“Reiterando que el móvil fue por una cuestión de terrenos, de conflictos de intereses entre particulares, principalmente entre estos miembros del Frente Popular Revolucionario, y aclarando que de ninguna manera es una situación política como quieren manejarlo algunas personas o medios. Nosotros, como autoridad, respetaremos la libre expresión de las ideas”, dijo.
Aclaró que la denuncia de la familia por la desaparición del activista fue promovida ante la Fiscalía Regional Oriente hasta un día después del hecho; sin embargo, se investiga si ocurrió alguna dilación u omisión en la recepción de ésta.
Pidió no demeritar las primeras indagatorias realizadas por la Fiscalía y que han dado “excelentes resultados” con las primeras detenciones de presuntos implicados y la recolección de evidencias para llevar a juicio a los responsables del ilícito.
“En lo que respecta a la investigación del líder social hubo también un despliegue muy amplio por parte de la Policía de Investigación Criminal, por parte del Ejército mismo, incluso de la Policía Estatal, de la Policía del Mando Único; pero nosotros en esta situación se actuó diferente por protocolos, ya que en esta ocasión (la investigación) la encabezó el mayor Martín Rizo, y el resultado fue el éxito parcial que tenemos de la detención de estas personas (…) A la mejor (el operativo) no fue tan espectacular como ustedes hubieran querido, pero el resultado fue espectacular, que fue lo más importante”, sostuvo.
Indicó que según los resultados preliminares del dictamen forense, el activista fue privado de su libertad y casi inmediatamente asesinado, presuntamente, por los cuatro hombres, quienes aparentemente no tendrían relación con grupos criminales, pero eso se determinará conforme evolucione la investigación.
Respecto de actos de hostigamiento que el activista sufría por parte de elementos del Mando Único en el municipio de Ayala, el fiscal señaló que no hay ninguna denuncia ante el Ministerio Público al respecto.
Los testigos y una computadora
De acuerdo con fuentes policiales, existen dos testigos que observaron el momento en el que el activista fue privado de su libertad. Presuntamente, un joven en una motocicleta alertó a dos sujetos que viajaban en un vehículo, quienes de inmediato cerraron el paso a la víctima y la subieron por la fuerza al automóvil.
Durante el cateo a un domicilio, cuya ubicación no fue precisada, se encontró una computadora que al parecer pertenecía al activista. Además, según las mismas fuentes consultadas, informaron que las manos de la víctima no fueron cercenadas, sino que presentaban heridas que infieren intentos de defensa.
