En conferencia de prensa, el secretario general del SNTSS en Morelos, Gil Magadán Salazar, aseveró que pese a los actos de intimidación y represalias por los que corrieron a algunos trabajadores, continuarán señalando las anomalías que observan.

Dijo que pedirán, de nueva cuenta, una audiencia con el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu, para exponer ante él la situación que día con día se agrava

Sostuvo que es paradójico que sigan los despidos de personal, incluso de médicos altamente capacitados y productivos con más de 15 y 20 años de servicio y se sostenga como directores de áreas a personas que son allegados o familiares, que no cuentan con el perfil que la norma señala. Incluso refirió que hay puestos directivos en los que conforme a los lineamientos federales, las personas deberían contar con maestría y apenas tienen licenciatura, y tienen a su cargo el manejo de más de tres mil millones de pesos de presupuesto.

Magadán Salazar detalló que hay más de 450 juicios en proceso y más de 14 millones de pesos que tiene que pagar los SSM por laudos que los trabajadores ganaron por despidos injustificados, “actualmente, los que nos corrieron cuando empezó esta administración, llevamos cuatro amparos porque el laudo salió a favor, pero decía que sólo pagarían un año de sueldos vencidos y nosotros reclamamos que se pague lo que decía la ley, tres años”. Aseveró que es paradójico que se diga que no hay especialistas y recurso humano y que se han despedido alrededor de 30 médicos.

“Mientras tanto ellos tiene más de 15 funcionarios encargados que no cuentan con Maestría en Salud Pública, ni administración de hospitales… por interés y dinámica institucional los tienen en ese lugar… en otros puestos porque son familiares, sobre todo donde se maneja el dinero. Se cambiaron nombres de las empresas proveedoras, pero son las mismas personas”.

Apuntó entre las irregularidades como ejemplo que los anestesiólogos han declarado que las cajas de anestésicos traen diez ampolletas, piden una a la empresa, sólo sacan una, pero la empresa cobra la caja completa, como si se hubieran usado 10. “Y todo eso lo manejan de forma discrecional con los directivos que ellos quieren, por eso no quieren a alguien profesional, porque deben obedecer a lo que les ordena”.

Dijo que no podría aseverar que están robando dinero con las empresas, pero expuso que hay datos que despiertan dudas, como el hecho de que la compañía que distribuye medicamentos “ahora resulta que ya ganó la licitación del ISSSTE y va a construir el parque de la salud. Yo pregunto, ¿una empresa que sólo vendía, ahora va a construir hospitales, es factible eso?”.

De igual forma, se cuestionó el porqué se subroga el servicio de trasplantes renales a una clínica privada pagando muy altas cantidades de dinero y con mal servicio para los pacientes, cuando el Hospital General de Cuernavaca ya estaba listo para hacer ese tipo de intervenciones y contaba incluso con personal médico experto, capacitado para llevarlos a cabo.

Plantearon la necesidad de que se transparenten aspectos diversos como el que haya nepotismo, los proveedores de equipos de cirugía, los procesos de procuración de órganos para trasplante; o el que se hayan echado a perder 250 mil pesos en biológicos en la Jurisdicción Sanitaria Dos, y no pasó nada, mientras que a los trabajadores de base se les castiga de inmediato y se les obliga a pagarlo por daño patrimonial. “Sabemos que hay aviadores, pero resulta que ni siquiera hay nóminas, no hay transparencia y pedimos la intervención del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística”, abundó.

Magadán Salazar reclamó que hay despidos de personal altamente calificado, que tienen los registros más altos en cuanto a su labor quirúrgica, con excusas absurdas como “mala actitud”, cuando se trata de médicos especialistas que todos los días salvan vidas, como el doctor Gerardo Vega Chavaje; o como el caso de  otra enfermera, a quien se le despidió con el señalamiento de que es bisexual; o el caso de dos traumatólogos que quisieron cambiar de turno en Cuautla, pero en realidad, aseguró, “sólo es para intimidar a quienes se atreven a señalar las deficiencias o carencias de materiales e insumos, por el bien de los usuarios”.

Vega Chavaje sostuvo que seguirá el camino legal pues el despido es totalmente improcedente. Dijo estar dispuesto a señalar ante el Ejecutivo local, cuáles son los puntos exactos donde hay anomalías, que seguramente no son avaladas, ni serían solapadas por el gobernador, pues hay asignaciones sin licitaciones, se realizan procedimientos quirúrgicos por personas que no están capacitadas ni certificadas para ello, entre muchos otros aspectos, que ponen en riesgo a los pacientes. "Cabría la posibilidad que la propia doctora Richardson, sea engañada por gente que está ahí por individuos que son sólo administradores, que no entienden las necesidades del servicio, que están frustrados por no tener el privilegio de atender, de servir y salvar la vida a personas, como el que nosotros sí tenemos, lo que nos da cierta tranquilidad emocional. Pero esa información debería servir a quienes tienen el poder de cambiar las cosas para mejorar".

Magadán Salazar informó que va a solicitar, por escrito de nueva cuenta, una audiencia con el gobernador para dialogar y buscar una solución, porque –aseguró- la base está en una situación de gran malestar por todo lo que está pasando y está dispuesta a iniciar movilizaciones. Consideró que el Ejecutivo estatal podría tener información que le dan sus colaboradores falsa o limitada.

La dirigencia sindical destacó que van a luchar por los derechos de los trabajadores por la vía legal, en juzgados laborales, pero al mismo tiempo buscarán el diálogo directo con el titular del Ejecutivo.