A través de un comunicado, el gobierno estatal dio a conocer la postura oficial y hace alusión a los hechos ocurridos el pasado 17 de marzo en el Hospital general de Cuautla, "Doctor Mauro Belaunzarán", donde trabajadores del nosocomio y quienes dijeron ser pacientes, confrontaron a la directora de los Servicios de Salud, Patricia Mora González, para reclamarle la remoción del director Guillermo Domínguez Muñoz, a quien señalaron por presuntas irregularidades y exigieron insumos. Además reclamaron por lo que consideraron violaciones a sus condiciones de trabajo.

En el boletín se niega que se tratara de personal de la institución y de  usuarios de los servicios, pues se asegura que se trataba de personas ajenas. Se advierte que la secretaria de Salud, Vesta Richardson López Collada, dio a conocer que se demandará al representante del sindicato: "Vesta Richardson informó que la demanda de carácter civil en contra del líder sindical y de quienes lo acompañaron ese día, es por amenazas e intimidación a la autoridad, mientras que la demanda de tipo penal es por allanamiento de un edificio público y por perturbación del orden público".

Al respecto, el representante sindical, indicó que ya hizo del conocimiento de esta situación a la dirigencia nacional de su sindicato que analiza el caso. Lamentó "que se pretenda utilizar la Fiscalía como un brazo ejecutor para reprimir a líderes sindicales o sociales".

Rechazó todas las acusaciones al sostener que son los propios trabajadores los que están inconformes por la situación que prevalece en el sector y que de igual forma los pacientes del hospital de Cuautla hablaron en esa ocasión, por voluntad propia.

"Este es un signo más de que tenemos un gobierno y una administración represora, en lugar de abrirse al diálogo, de escuchar las demandas de los trabajadores y de la ciudadanía, pretenden acallar lo que está mal, y frenar la defensa de sus agremiados". Insistió en que cada semana la actual autoridad de salud "está cesando a cuando menos un trabajador sin cumplir con un procedimiento administrativo como lo marcan las Condiciones Generales de Trabajo, incluso el día de hoy pidieron mi expediente y no dudo que en las próximas horas o en los próximos días me vayan a despedir".

Aseveró que aún cuando lo despidan, seguirá -aunque sea sin sueldo- representando a los trabajadores y reclamando porque se respeten los derechos sindicales "y seguiremos denunciando las carencias e irregularidades; continuaremos luchando porque se respeten y se cubran todas las prestaciones al personal, incluso a los de contrato".

Magadán Salazar adelantó que buscará su defensa legal, vía el amparo de la justicia federal para evitar ser encarcelado, pues no descartó que las amenazas lleguen a ese extremo: "es algo inédito, que una secretaria de un gobierno de izquierda demande e intimide a dirigentes sindicales, que se pretenda utilizar a la Fiscalía general del Estado como guillotina para líderes".

Insistió en que hasta ahora el comité seccional ha evitado actuaciones más radicales como los paros de labores para no afectar a la población, pero reiteró que la reacción de las autoridades muestra una absoluta falta de disposición de llegar a acuerdos.

El también dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE) que aglutina a 33 sindicatos en la entidad, expuso que los dirigentes de esas organizaciones sindicales "ya están cerrando filas para evitar que se utilicen mecanismos de intimidación como la citada demanda", para detener la defensa de sus derechos.