La Defensoría Pública, a través de su representante, alegó que el joven tenía una adicción y por ello no podía quedar vinculado a juicio, pero los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinaron que llevaba consigo siete gramos y no cinco, que es el límite que permite la Ley General de Salud para los que tienen adicción a este enervante.
El joven Luis Alberto “N”, de 25 años, goza de su libertad con ciertas condiciones, pero fue advertido que de no cumplir con las medidas impuestas por el juez de Control, entonces será internado en el penal de Atlacholoaya y no tendrá la oportunidad de salir hasta que cumpla con la sentencia que le imponga un Tribunal de Juicios Orales.
Es más, en sus argumentos, el defensor público insistió en que la detención de Luis Alberto fue ilegal, porque señaló que éste fue detenido por una falta administrativa (orinaba en la vía pública), y los agentes policiacos violaron sus derechos al ponerlo a disposición del Ministerio Público y no de un juez de paz.
“En un momento dado no tenía por qué ir con el Ministerio Público; debió aplicársele sólo una multa por violar el Bando de Policía y Buen Gobierno, y los agentes policiacos no lo hicieron así”, relató el defensor durante la audiencia de vinculación a proceso que se llevó a cabo la tarde de este miércoles en la Sala Cuatro de Juicios Orales.
En el reporte emitido por los agentes del Mando Único, éstos refieren que el pasado 18 de septiembre hacían un recorrido de vigilancia por la colonia Cuauhtémoc, sobre el Paseo Cuauhnáhuac, a la altura del municipio de Jiutepec, cuando se percataron que un individuo orinaba en un poste de luz, así que los policías se detuvieron para llamarle la atención al hombre.
Luis Alberto permitió una revisión corporal (según el informe de los policías) y le encontraron una bolsa de plástico transparente que llevaba un vegetal verde y que tenía las características de la marihuana, así que el hombre fue conducido ante el Ministerio Público acusado del delito de narcomenudeo.
Por lo pronto, el joven fue vinculado a proceso y el juez que conoció de este caso fijó un mes de plazo a la defensa y el fiscal para concluir la investigación e iniciar el juicio oral correspondiente, aunque el imputado tiene la oportunidad de acogerse a un beneficio que le permita salir absuelto.