La presidenta de la agrupación Magda Ponce Hernández, informó que ya se ha procedido también por la vía legal en contra de los funcionarios que resulten responsables por no acatar las órdenes judiciales, pues insistió en que el IEBEM debió hacer la entrega de los papeles al existir una orden de suspensión provisional y con el fallo que les ordena que no deben realizar este tipo de cobros.

De igual forma, informó que ya se ha pedido la intervención de la contraloría del Estado, pues han expuesto que el IEBEM ha realizado cobros por distintos rubros por el mismo concepto a distintas escuelas, y a ellos les pidió pagar cuotas de 30 pesos por cada estudiante, no obstante que ha seguido en curso el juicio entablado desde el 2005 cuando se registró el incremento en más de un “mil 200 por ciento”.

La representante de la Apepac lamentó que la respuesta de la autoridad educativa sea “una acto de represión o de tipo personal” cuando se trata de un asunto jurídico, al acusar que varias escuelas que también han demandado sí recibieron sus documentos, y el colegio que ella dirige nada.

Aseguró que los padres de familia les apoyan, al grado de que 80 de ellos han iniciado demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la autoridad que ha retenido los documentos de sus hijos. “Ellos confían en nosotros porque les hemos mantenido informados y si no han hecho protestas o manifestaciones como otros grupos, es porque les hemos pedido conducirnos por la vía legal y del diálogo. Nosotros tenemos un prestigio por el trabajo que hacemos desde hace muchos años, hemos informado con puntualidad a los padres, quienes han conocido de la respuesta de funcionarios del ramo que consideran que es posible cargar ese incremento a las colegiaturas que pagan los padres de familia”.

Sostuvo que las escuelas seguirán con el juicio, ahora con el apoyo de organizaciones sociales y empresariales, además del respaldo de la Contraloría del Estado, instancia -que sostuvo- incluso los felicitó por haber denunciado lo que consideran actos irregulares de funcionarios públicos.