Ante el incremento de quejas por este tipo de cobros, que se establecen en escuelas como condición para realizar trámites, el titular del IEBEM manifestó en entrevista que antes del cierre del ciclo escolar el instituto tomó la medida preventiva, de enviar un documento a todas las escuelas a través del cual se advirtió a directores que no podían condicionar los procesos administrativos, al pago de cuotas voluntarias.
Aseveró que quienes fijan las cantidades de las cooperaciones y hacen los cobros del recurso para mantenimiento, son los comités de padres de familia, no los maestros.
Apuntó que a la fecha no se tiene registrada ninguna denuncia formal por este tipo de situaciones, pero en caso de haberlas se procedería conforme a la norma, por parte del departamento jurídico del IEBEM, y de proceder, se aplicarían sanciones, que van desde la amonestación, es decir un llamado de atención.
El director del IEBEM negó que se hayan asignado a esa institución 61 millones de pesos para mantenimiento de planteles educativos, como lo aseguraron profesores de la disidencia, al sostener que esa partida financiera fue asignada al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, que habrá de definir en qué se destina o qué acciones se llevarán a cabo. Además, comentó que para poder cubrir al cien por ciento las necesidades constantes que existen en el sector educativo, en el nivel básico se requerirían de más de 680 millones de pesos, con los cuales no cuenta la autoridad educativa, por lo que se hace necesaria la colaboración de los padres de familia, la cual –subrayó- está contemplada en la norma.
Llamó a los jefes de hogar que estén inconformes a que acudan a la sociedad de padres de familia “porque son ellos los que están cobrando esas cuotas”.
Los padres de familia no condicionan inscripciones, pues los documentos están en manos de directivos: AEPAF
La presidenta de la Asociación Estatal de padres de Familia de Morelos Adriana Espinosa Velasco, rechazó tajantemente que sean los paterfamilias los que estén condicionando la entrega de documentación o las inscripciones en las escuelas, al afirmar que ha escuchado declaraciones en el sentido de que “nosotros como asociación estamos avalando que se retengan los trámites cuando no es así. Siempre hemos promovido que se cumpla el reglamento, y es cierto que las asambleas de padres son las que deben decidir si habrá alguna donación y si ésta será en efectivo o en especie. En este sentido, la AEPAF se deslinda de cualquier acto de exigir el pago de cierto dinero a cambio de la documentación de los niños”.
Enfatizó que sí es verdad que la asociación promueve que los padres sigan colaborando con las escuelas, porque es de todos sabido que el dinero que se destina a la educación, se destina en más del 90% al pago de salarios y es mínimo lo que se invierte en infraestructura. Por ello declaró enfática que los padres exigen a las autoridades que se aumente el presupuesto para este rubro y que no tengan que ser los papás y mamás los que cubran el costo de mantenimiento de los edificios.
Mencionó que la AEPAF ha recibido quejas y la solicitud es que se denuncien estos casos ante la asociación, para que a su vez se pida a la autoridad que se sancione a los directivos que lo hagan.
Insistió en que este problema no es culpa de la sociedad, “y los directivos no pueden decir que este es un acto unilateral por parte del comité de padres de familia de las escuelas, porque los responsables de la documentación son los directores y si hay retención de los mismos es porque hay algún maestro involucrado en esta acción”.
Espinosa Velasco comentó que la AEPF tiene quejas de escuelas de Jiutepec, Yautepec, Cuernavaca, y Cuautla y alguna de las más graves es la de una primaria de la zona centro de Yautepec, donde se les pide alrededor de 800 pesos por estudiante, y es muy probable –adelantó- que los inconformes acudan a la Comisión estatal de Derechos Humanos para presentar su queja formal, “pues acusan que la directora abusa del deseo de los padres por querer inscribir a sus hijos y con dicha condición viola sus derechos”.