Aída y su esposo se establecieron en Morelos hacia el año de 1985, en una zona que les permitiría vivir con tranquilidad, en el municipio de Huitzilac. Ambos son de la tercera edad, originarios del estado de Coahuila, retirados de la vida laboral. En la actualidad sufren el calvario de buscar atención ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El acceso a la justicia en Morelos es una garantía. Eso dicen las autoridades. Sin embargo, el matrimonio referido es un ejemplo de todo lo contrario y de cómo buscar ese derecho en la FGE puede convertirse en un martirio para el ciudadano de a pie.

ANTECEDENTES

A mediados del año 2014, en un terreno que se ubica junto a la casa de la señora Aída y de su esposo, en el fraccionamiento "Huertas de San Pedro", se asentaron una mujer llamada Gabriela “N” y sus tres hijos –dos niñas y un niño–, presuntamente, de forma irregular, ya que dicho predio tiene dueño. Estas personas fueron llevadas a ese sitio por un hombre que repentinamente desapareció y hoy en día ya no ha sido visto.

En un principio, la presencia de las dos niñas, del niño y de su madre no representaba incomodidad ni algún peligro para el matrimonio; no obstante, con el correr de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar.

La señora Aída refiere que en el terreno contiguo al suyo, los nuevos vecinos cavaron un hoyo para hacer las veces de sanitario. Los malos olores y el presunto maltrato de parte de la madre hacia sus tres hijos, aunado a las condiciones en las que viven, provocaron cierta incomodidad entre los vecinos. A raíz de ello comenzaron los días de inquietud.

AGRESIONES Y AMENAZAS

El 2 de enero de 2015, las agresiones de parte de la mujer y de sus hijos hacia Aída y su esposo dejaron de ser sólo verbales: lanzaron cohetes hacia su puerta y hacia su ventana, acompañados de insultos, amenazas y señalamientos intimidatorios.

Dadas las condiciones de vida de los infantes, otra vecina inició una queja ante el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal (expediente 159). Personal de esa dependencia acudió dos o tres veces, pero la madre de los menores se ocultó en una barranca cercana y no fue contactada por los empleados de dicha dependencia. Después –según refiere la denunciante–, ningún representante del DIF se ha vuelto a presentar en el sitio.

Aída y su esposo aseguran que, meses después, las detonaciones ya no fueron de juegos pirotécnicos, sino de arma de fuego. De uno o dos disparos, llegó el día en el que una ráfaga de aproximadamente 30 balazos alertó a la pareja.

Derivado de ello llamaron a la Policía. Al sitio llegaron agentes del Mando Único, pero –manifiesta Aída– uno de los agentes señaló que “no había problema” de que dispararan porque estaban en su casa.

La solicitud de ayuda a la Policía provocó que la mujer señalada acrecentara las intimidaciones, pues a partir de entonces, Gabriela “N”, presuntamente, a lo lejos, muestra el arma de fuego al matrimonio a manera de amenazas.

DENUNCIA ANTE LA FGE: OTRO CALVARIO

Debido a que la señora Aída y su esposo sintieron que sus vidas corrían peligro y ante el constante hostigamiento de parte de los vecinos, el 8 de agosto de 2015, la mujer decidió acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente (cuyo número de carpeta de investigación dio a conocer la denunciante a este medio, pero solicitó que no se publicara, por temor a represalias) en contra de Gabriela “N”, ante las amenazas de que era –siguen siendo– objeto.

En la primera cita que tuvieron con un agente de la Policía de Investigación Criminal, éste se presentó como el que daría seguimiento a la carpeta de investigación, pero esa tarde “tenía hambre” y el matrimonio debía esperarlo para que pudiera ser atendido.

Luego, al conocer de la denuncia, el policía manifestó que ese asunto “tardaría mucho tiempo en resolverse”…

Ante ello, la pareja dio cuenta de lo sucedido en la FGE y le cambiaron de agente, pero las investigaciones ni siquiera fueron puestas en marcha y el caso “se cayó”. El matrimonio fue cambiado cuatro veces de Ministerio Público.

El 29 de agosto de 2015 ocurrió un hecho en la vivienda de Gabriela “N” y de sus hijos que, en primer momento, aparentemente solucionaría la situación del matrimonio, pues lo sucedido aportaría las pruebas del señalamiento que Aída hizo en contra de Gabriela, en el sentido de posesión de arma de fuego.

De acuerdo con el archivo de La Unión de Morelos (nota publicada el domingo 30 de agosto del año pasado), alrededor de las 12:44 horas del sábado 29 de agosto se escuchó un disparo proveniente de la casa de Gabriela “N”; tres minutos después, el arma volvió a ser accionada.

Luego, a las 12:50 horas, sonó otro balazo, pero esta vez también se escuchó un grito. Se trataba de una menor de 13 años que resultó herida.

Ante tal situación, vecinos de la zona alertaron del hecho al teléfono de emergencias. Minutos después llegaron cinco patrullas con los números económicos 00038, 00086, 00316, 00464 y una más cuya matrícula no fue observada. Más tarde arribó una ambulancia, en la que la niña fue trasladada a un hospital.

En relación con este hecho, se informó que los tres hermanos –la madre no se encontraba– estaban jugando. Entre las cosas de Gabriela “N”, el niño de diez años halló una pistola. Momentos después la accionó y su hermana recibió un disparo en el tórax.

Es importante destacar que en torno a este caso, la versión policiaca refería que la niña –según su familia– fue alcanzada por una “bala perdida” cuando viajaba a bordo de un vehículo, en Huitzilac.

DE LA CALMA A LA ZOZOBRA

Después de que la niña resultó herida, los habitantes del predio se marcharon. Aída y su esposo retomaron la calma a la que estaban acostumbrados. No obstante, semanas después, Gabriela “N” y sus hijos regresaron y volvieron los días de zozobra.

Ante la nueva arremetida, Aída decidió acercarse a la FGE para conocer los avances de su carpeta de investigación. El 7 de enero de 2016, en la Fiscalía nadie sabía en dónde estaba dicha carpeta.

Debido a los cambios en la dependencia, la carpeta de investigación de Aída ha pasado por diversas manos y se encontró con que la denuncia que interpuso ahora era por “violencia intrafamiliar”. Además, descubrió que había dos carpetas de su caso.

Una trabajadora de la FGE le solicitó el examen psicológico que debía estar en el archivo. Pese a que ya se lo habían realizado, la empleada se negó a brindar la atención.

A mediados de enero, Aída regresó y el examen psicológico ya había aparecido. Dicha evaluación fue realizada para establecer si la víctima ha sufrido “daños” como consecuencia de las amenazas de las que ha sido objeto.

Debido a que el estudio arrojó que se encontraba bien, la trabajadora trató de convencerla para que firmara y con ello se diera “carpetazo” a su denuncia.

BURLAS EN LA FGE

Ante la desesperación de Aída y de su esposo por la situación a la que han sido relegados, han intentado hablar directamente con el titular de la Fiscalía, Javier Pérez Durón, pero les resulta imposible.

En cierta ocasión, el esposo de Aída trató de acercarse a la oficina del fiscal, pero dos hombres lo interceptaron y le impidieron el paso, con el argumento de que no podía recibir a nadie y primero debía hacer una cita.

En su peregrinar por las oficinas de la FGE, el matrimonio se ha encontrado con empleadas (“servidoras públicas”, ironizan los afectados) como Rosa Isela “N” y Janeth “N”, quienes lo hacen esperar hasta dos horas para recibirlo, debido a que “no pueden interrumpir sus pláticas ni sus comidas”.

De oficina en oficina, los señores han sido maltratados. Refieren que las burlas hacia ellos son una constante e incluso les han hecho comentarios sarcásticos cuando advierten que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

“NOS QUIEREN VENDER NUESTROS DERECHOS”

Debido a que su voz no ha sido escuchada, Aída y su marido acudieron a La Unión de Morelos para exponer su caso, con la esperanza de que su denuncia haga eco y sean atendidos con la supuesta amabilidad que pregona el gobierno.

“Nos ofrecen nuestros derechos, pero luego nos los quieren vender”, dice el hombre, con muestras de agotamiento. “Sólo queremos ser atendidos”, agrega.

El matrimonio asegura que tiene miedo. El hecho ocurrido el 29 de agosto demostró que sí había armas de fuego en la vivienda de Gabriela “N”, pero en la carpeta de investigación no fue incluido ese dato, pese a que Aída insistió en ello. Es más, asegura que hasta la fecha, la mujer no ha recibido citatorio de parte de la FGE.

Tras vueltas y vueltas en la Fiscalía, lo único que buscan es una solución a su caso, el cese del hostigamiento y de las amenazas; que el titular de la FGE “vea hacia abajo” y ponga atención al personal de la dependencia que está a su cargo, pues ha hecho aún más difícil el día a día del matrimonio, al grado de sentir que su vida corre peligro.