La reforma a la ley que regula la vida interna del Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores de gobierno y municipios, sigue siendo motivo de resistencia de parte de la mayoría de agrupaciones sindicales de los tres Poderes locales y algunos ayuntamientos.
Integrantes de la asociación de jubilados y pensionados, así como sindicalizados del Poder Judicial, se dieron cita a las afueras del Congreso local para mostrar su inconformidad e insistir en la derogación, aunque algunos lo consideran poco posible.
La dirigente de jubilados y pensionados, Ana Lilia Ocampo Castrejón, reiteró que no hay ningún derecho de la autoridad para intervenir en un asunto que sólo debe corresponder a quienes dan vida a la institución con sus cuotas y aportaciones; por eso, agregó, “no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.
Sobre el tema, la secretaria del Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, consideró que los cambios propuestos en la reforma no dañan los intereses de los derechohabientes, por el contrario, “con la facultad para hacer convenios con la banca, quienes así lo deseen, podrán acceder a créditos muy superiores, como en el caso de los hipotecarios, que tenían un techo de 300 mil pesos”.
Y agregó que “la ley anterior del instituto data de 32 años atrás, es claro que entró en obsolescencia, necesariamente se requiere de una actualización y modernización, las condiciones ahora son muy distintas a la década de los ochentas, por ejemplo”.
Y mencionó que ya en la nueva norma se prevé la integración de un comité técnico interno, que será el órgano que dé seguimiento a toda clase de procedimientos en lo que se refiere a la aprobación de créditos, a fin de que se cumplan cabalmente las normas.
Sin embargo, para Ocampo Castrejón los cambios incluidos dejan casi sin representación en el Consejo Consultivo a los sindicatos y organizaciones, ya que lo conforman 11 miembros, de los cuales ocho corresponderán a instancias de gobierno y sólo tres a los trabajadores, y estimó que a partir de ahí pierden totalmente el control; “la mayoría gubernamental impondrá decisiones, por eso no se puede desistir de esta lucha”, aclaró.
