"Recortar el presupuesto en materia educativa es una medida regresiva que atenta contra un derecho humano fundamental, que es el de la educación", declaró el doctor en derecho Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante su conferencia titulada: “Exigibilidad de los derechos sociales y presupuestos públicos".
En el congreso internacional "Presupuestos públicos y derechos humanos", que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el investigador dijo que la universidad pública es un órgano que tiene bajo su cuidado la protección de un derecho humano fundamental que es la educación, por lo tanto, la universidad tiene derechos para cumplir esa función y requiere que el Estado garantice los presupuestos económicos.
"Como lo establece el artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos, el presupuesto para los universidades públicas debe ser progresivo para la protección de los derechos y que al ser progresivo, no puede ser regresivo", dijo el investigador, quien afirmó que toda reducción al presupuesto de la universidad pública debe entenderse como medida regresiva, prohibida por el derecho internacional.
Es necesario, agregó, que los jueces federales intervengan en el debate presupuestario y del control presupuestal del Estado, con el fin de garantizar los presupuestos económicos tanto para derechos sociales como para hospitales, escuelas, alimentación y vivienda, y no sólo para seguridad de la instituciones, gastos de campañas políticas y los partidos políticos.
Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, dijo que el Congreso es muestra del dinamismo de la unidad académica a su encargo, en donde participaron especialistas en temas de actualidad para que con su praxis y conocimientos los estudiantes conozcan lo que se hace en los distintos ámbitos de trabajo.
El congreso internacional "Presupuestos públicos y derechos humanos" lo organizó la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, a través del Cuerpo Académico Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social, y en coordinación con el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas.