Jojutla.- Mientras que el Ayuntamiento de este municipio dice que no tiene elementos para clausurar bares donde hace algunas semanas se encontró droga, la Fiscalía Regional Sur-Poniente asegura que la Ley General de Salud obliga al municipio a realizar esta acción. Mientras, los bares siguen operando.
En el mes de marzo de este año, una investigación de la fiscalía regional llevó al cateo de varios bares de la calle Leyva, en la zona de tolerancia, en donde se encontró droga.
El operativo se realizó en los bares denominados “El Abanico”, “El Mazo” y “Amazonas”, en los que se detuvo a sus respectivos encargados por poseer el enervante con fines de comercio. Además, se cateó el llamado hotel “Don Juan”, en el que en dos habitaciones se ubicó a dos hombres en poder de la misma hierba.
Esta operación dejó como resultado la detención de cuatro hombres y una mujer y el decomiso de un tabique con hierba similar a la marihuana, 73 envoltorios con el posible enervante y 28 bolsas plásticas pequeñas con polvo blanco parecido a la cocaína, difundió entonces la fiscalía
Posteriormente, se solicitó al ayuntamiento que procediera a la clausura de dichos negocios.
Al respecto, el director de licencias de funcionamiento de la comuna, Alberto Salgado, confirmó que hace por lo menos dos meses, el ayuntamiento recibió un oficio de colaboración en donde le solicitan la clausura, pero no cuentan con elementos para hacerlo. Apuntó que fue la misma fiscalía la que puso los sellos, pero después los quitó y permitió que siguieran laborando.
“Administrativamente no tenemos elemento para clausurarles, pero se está analizando con el jurídico. Ya se pasó a cabildo, el cabildo determinó que se pasara a jurídico y que en su análisis, si era procedente, que se procediera con la clausura de los mismos”, precisó.
Dijo que esto se llevaría varios días más, mientras, seguirían abiertos.
Afirmó que la misma procuraduría (actualmente fiscalía), en su momento, pudo pedir que se clausuraran, por la vía judicial, con la orden de un juez.
Sin embargo, el fiscal regional José Alejandro Chávez Carmona precisó que por ley, es obligación del municipio proceder a la clausura.
Citó el artículo 482 de la ley de salud vigente en el estado, que dice: “cuando el ministerio público tenga conocimiento que el propietario, poseedor arrendatario, o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza, lo empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en el presente capítulo, o que permitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa competente para que en el ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento, sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación de los ordenamientos correspondientes”.
Entonces, prosiguió, es la autoridad administrativa de la que depende la licencia administrativa para funcionar y es quien debe proceder al cumplimiento del artículo 482 de la Ley General de Salud.
“La licencia de estos bares es emitida por el ayuntamiento, por lo tanto, quienes tienen que clausurar son ellos. Nuestros aseguramientos son meros actos jurídicos para efecto de la investigación, pero cuando terminamos nuestra investigación, quitamos el aseguramiento de los bienes y se los devolvemos a los propietarios. La cuestión comercial es una cuestión municipal y la Ley General de Salud así lo dice, de hecho, ni siquiera da pie a ver si el ayuntamiento quiere, es una orden de ley que se tiene que clausurar”.
Consideró que es voluntad del ayuntamiento proceder como corresponde, y anticipó que las omisiones a la misma, pueden atraer responsabilidades de parte de quienes son omisos en su cumplimiento.
