Como se informó en este medio, a dos años de que el grupo inmobiliario Medina vendió el predio al gobierno municipal para edificar esta obra, no se han firmado los contratos de compra-venta, al parecer, por negligencia del gobierno local, por lo que el predio sigue a nombre del grupo empresarial.

Entrevistado al respecto, Caballero Solano dijo desconocer a fondo la situación, pero que no se abrirá (a pesar de que ya está lista luego de varios meses de retraso) hasta no tener la certeza jurídica de la propiedad.

“Si fuera el caso, no vamos a abrir la unidad hasta que esté hecho; es decir, nosotros como gobierno del estado iniciamos una obra cuando tenemos todos los documentos en la mano para hacerlo. Es un requisito para que el gobierno federal, además, nos dé el recurso, si fuera el caso no podemos iniciar la operación de esa obra”, declaró.

Señaló que aún no hay fecha de apertura, pero adelantó que tendrá que ser a más tardar en el mes de diciembre.

Dijo que la única información que tiene respecto a la propiedad del predio, es que “nosotros tenemos un predio que ha sido comprado y donado por parte del municipio de Jojutla para el servicio de salud”.

Por su parte, el gerente de la inmobiliaria dio a conocer que hace varios días recibió los contratos de parte del ayuntamiento, pero aclaró que estaban mal redactados (la empresa le vendió un predio al municipio para la Uneme y le donó otro más, sin costo, a la comuna).

Dio a conocer un documento enviado al alcalde Enrique Retiguín Morales en el que precisa que vendió un predio de 10.021 mil metros cuadrados en dos millones de pesos (para la Uneme) y donó uno más (para la construcción de la nueva subprocuraduría), de dos mil metros cuadrados, sin costo alguno.

Sin embargo, le enviaron dos contratos, uno con un importe de poco más de 1.6 millones de pesos y otro con el complemento (más de 300 mil pesos) para hacer los dos millones.

“Por lo antes referido, le devuelvo los contratos que me fueron enviados para la firma correspondiente a efecto que se corrijan, y puedan ser firmados, ya que quiero pensar que por un error de información, están estableciendo precio en los dos precios, siendo esto erróneo, ya que únicamente vendí al ayuntamiento un predio”, puntualiza.

Por su parte, Alejandra Rodríguez Salazar, síndico municipal y responsable del patrimonio de la comuna, confirmó que se pagó un predio y el otro fue donado, por lo que reconoció que había un error en la elaboración de los contratos.

“Ya se van a hacer los arreglos correspondientes. En ese sentido quisiera ser muy clara para que no hubiera malos entendidos: en la cuestión de que aquí hubo una falla, a lo mejor una mala interpretación de las actas de cabildo de la administración anterior, porque realmente esto se hizo en la administración anterior y probablemente los jurídicos no estudiaron bien o no leyeron bien las actas de cabildo, que las tenía el (actual) secretario general y probablemente por ahí hubo una mala interpretación de las mismas. Ya nada más sería cuestión de hacer los dos convenios en los cuales se hace la donación por parte del ayuntamiento y darle la certeza jurídica tanto a la Secretaría de Salud y en la otra parte al gobierno del estado por la parte de la (sub)procuraduría.”

En entrevista previa, Santiago Pérez, asesor jurídico, había declarado que las actas de cabildo decían que la administración municipal anterior había comprado los dos predios, uno por un millón 600 mil y el otro por más de 300 mil pesos, pero “tendrían que revisar las actas de cabildo”.