Acusan de deficiencias e incompetencia de autoridades estatales.

Jojutla.- Abogados laboralistas de la región sur de Morelos, a los que se sumaron los de Cuautla y Cuernavaca, rechazaron el cierre del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, sede Jojutla, recién abierto, y además cuestionaron el manejo de las instituciones en la materia.

En conferencia de prensa, en nombre de todos sus compañeros, Francisco Altamirano Pérez dio a conocer el posicionamiento de los profesionales del gremio, que acusaron que a partir de este 1 de marzo se cerrará dicho centro, presuntamente de manera temporal, por falta de presupuesto. Sin embargo, destacó que hay antecedentes de que el gobierno del estado no ha podido acercar la justicia a los ciudadanos y todo lo quieren manejar en Cuernavaca.

Reseñó que estos centros son totalmente nuevos, pues en 2019 se hicieron las reformas constitucionales para modernizar el sistema de justicia laboral. En septiembre se expidió la ley orgánica de los centros de conciliación laboral, y en noviembre del año 2021, se abrieron los centros de conciliación en el estado; uno en Cuernavaca, otro en Cuautla y el tercero en Jojutla.

Deploró que al principio, su operatividad era deficiente y esperaban que se corrigiera; pero, lejos de mejorar, ahora resulta que los van a cerrar por falta de presupuesto.

“A partir de este martes cerrarán las oficinas y los plazos correrán ahora en Cuernavaca. Es decir, centralizan la justicia laboral y se la llevan a Cuernavaca”, lamentó.

Altamirano Pérez recordó que en abril el año 2013 ocurrió algo semejante, al cerrar la Junta de Conciliación y Arbitraje que existía en Jojutla.

Calificó de preocupante esta situación, ya que estos centros atienden a los municipios de la región sur y si de por sí para los residentes en municipios vecinos era difícil trasladarse a Jojutla, ahora lo será más ir hasta Cuernavaca. “Esto afecta a los trabajadores y a los patrones. Más a los trabajadores cuando vienen de un despido”, subrayó.

Destacó que la nueva ley laboral obliga a acudir a un centro de conciliación previo al inicio a cualquier procedimiento, por lo que es inevitable acudir a ellos.

Hicieron un llamado al gobernador del estado, al Congreso estatal y al director de los centros de conciliación laboral, Pascual Archundia, para que revoquen este acuerdo, que afectará a los ciudadanos y, por supuesto, a los abogados.

Dijo que éste es el primer llamado y no permitirán que cierren definitivamente este centro, como ya se hizo con la Junta de Conciliación en el pasado. Si el pronunciamiento y el acercamiento con las autoridades no dan resultado, entonces podrían tomar otro tipo de acciones.

En la conferencia estuvieron presentes abogados de otros municipios, como Gibrán Cisneros, de Cuautla, actual presidente de la Asamblea de Abogados Laboralistas, AC, que no sólo respaldó la postura de los abogados de la región sur, de que no cierren Jojutla, sino que también cuestionó la labor de Pascual Archundia, a cargo de todos los centros de conciliación laboral. “Es una persona que trae cola que le pisen, siempre ha sonado su nombre ligado a la corrupción”.

Por su parte, abogadas de Cuernavaca acusaron que ya de por sí, en la capital del estado hay muchas deficiencias con el sistema y si cierran Jojutla, van a cargar más ese centro de conciliación.

“La página de internet no sirve, a cada rato se cae y los trabajadores tienen que contestar el formulario y acudir tres días después al centro a ratificarla; no hay suficiente personal, hay dos, a veces cuatro conciliadores, y no siempre están, y el centro de hecho ya está colapsado, como para atender a más personas”, dijo.

De hecho, lamentó que el director Pascual Archundia llega a las 12:00 del mediodía y se va a las tres de la tarde, y tiene como antecedente que iba a ser destituido de junta federal, pasó a la local y las dejó “peor como las encontró”, dijo Úrsula Miranda.

Los abogados deploraron que ni el Congreso del estado ni la Secretaría de Economía han podido poner orden y hacer eficientes estos organismos para acercar la justicia laboral a los ciudadanos.