Maltrató y humilló a personal de la Fiscalía Regional.

Jojutla.- Un abogado que en 2023 discriminó al personal femenino de la Fiscalía Regional Sur-Poniente fue sentenciado a un año de cárcel, pero se le conmutó la pena al pago de una multa y se le suspendieron sus derechos políticos, por haber incurrido en discriminación.

De acuerdo con la Fiscalía Regional, los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2023, cuando el abogado Erick Sánchez Peralta, vecino del municipio de Tlaquiltenango, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía para revisar unos asuntos. 

De acuerdo con los testimonios, desde que llegó se portó altanero y prepotente, exigiendo una atención inmediata.

Aun cuando fue canalizado al área solicitada, el abogado comenzó a lanzar insultos, amenazas y frases que denigraban la labor y la dignidad de las servidoras públicas que lo atendieron.

Por ello le exigieron conducirse con respeto hacia las secretarias, auxiliares y agentes del Ministerio Público (MP) que se encontraba en su camino, porque cada vez que hablaba con alguna de ellas, la tachaba de incompetente y muchas otras cosas más, pero con altisonancias.

Lejos de dejar de expresarse de esa manera, Erick continuó con su actitud “amenazante y humillante”, reportó la fiscalía.

Además –según se documentó– “no era la primera ocasión en la que este sujeto mostraba actitudes negativas hacia el personal de la Fiscalía regional, sobre todo si de mujeres se trataba”.

De hecho, el hombre fue detenido por agentes de Investigación Criminal y puesto a disposición del Ministerio Público, señalado por discriminación, justo cuando agredía verbalmente a una funcionaria de la Fiscalía.

Hace unos días el proceso llegó a su conclusión, en el que la Unidad Especializada de Delitos Diversos de la Fiscalía Regional Sur-Poniente obtuvo del tribunal de juicio oral sentencia condenatoria en contra de este individuo.

En la audiencia de juicio oral, la agente del Ministerio Público especializada obtuvo fallo de condena en contra de Erick, de 46 años de edad, al ser encontrado penalmente responsable de la comisión del delito de discriminación.

La sentencia dictada era de un año de prisión, aunque, por mayoría de votos, el tribunal de enjuiciamiento decidió sustituir ese tiempo por 50 días de trabajo a favor de la comunidad. Además, al pago de multa por cinco mil 178 pesos y el pago de la reparación del daño moral y material, por 13 mil 400 pesos.