La situación le cambió su vida emocional, asegura la afectada.

Jojutla.- Además de la denuncia penal por agresiones que presentó una reportera en contra de una funcionaria de Tlaltizapán –de la cual ya se dio la audiencia de vinculación a proceso–, también está pendiente de resolución la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y una denuncia más por amenazas, confirmó la propia reportera.

El 11 de junio de este año, la reportera de “La Voz del Sur” Perla Aguilar Figueroa fue agredida por Celeine Díaz Huicochea, funcionaria del Ayuntamiento de Tlaltizapán, en las instalaciones de ese lugar.

Tras los hechos, la periodista presentó una denuncia penal en contra de su agresora, la cual apenas hace unos días fue vinculada a proceso por la autoridad por la probable comisión de los delitos de robo calificado en grado de tentativa y amenazas, con la restricción de no acercarse a la víctima.

“El primer logro que se obtuvo de este hecho es que se reconoce que sí se cometió un delito. Ahora, al tratarse de una periodista, lo van a canalizar a la Fiscalía General de la República por el tema de la libertad de expresión y por la condición de funcionaria de la agresora, ahora se va a juzgar con esta perspectiva”, detalló.

Perla informó que además de esa denuncia, también presentó una queja ante la CDHEM, en la que destacó que el Ayuntamiento no dio respuesta a ninguna petición de la visitaduría regional de la Comisión.

Apuntó que ella también estaría involucrado el director general del Ayuntamiento de Tlaltizapán, quien “azuza a sus trabajadores a la agresión en mi contra, lo que llevó a esta trabajadora que se sintiera con derechos a ejercer violencia, prohibirme la entrada y arrebatarme el celular”.

Dijo que le informaron que prácticamente ya está toda la investigación y se espera que próximamente el organismo defensor de los derechos humanos emita su resolución. Perla lamentó que si no se da la recomendación antes de que acabe este año, ya no corresponderá al actual gobierno dar respuesta.

La reportera manifestó que esta situación le ha creado mucho desgaste en todos los sentidos, tanto emocional y psicológico, como económico.

“En lo personal, me ha afectado profesionalmente porque he recibido amenazas, y no sólo en contra de mi persona, sino hacia mi familia. Los atentados y las amenazas son reales. No sé de dónde provinieron porque se realizaron desde vehículos sin placas, en vehículos con vidrios polarizados, frente a mi casa. Quiero dejar un antecedente de que si algo me pasa a mí o a mi familia, que sepan de dónde viene. Qué lamentable que un hecho como éste llegue a vulnerar la estabilidad emocional de personas que no tienen nada que ver, como mis hijos”.

Señaló que por estas razones también presentó una denuncia penal por este tipo de amenazas que iniciaron cuando comenzó a hacer coberturas de las irregularidades que cometía el Ayuntamiento durante el periodo electoral, tales como la detención de un reportero que distribuía propaganda que no era favorable al actual gobierno y cuando descubrió despensas con propaganda del alcalde Gabriel Moreno Bruno en una instalación municipal.