Denunciantes buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.

Aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) acusaron de inconstitucional la designación de Raúl Israel Hernández Cruz como titular del organismo, por lo que buscarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso.
Lucio Alfonso Rubio Antelis, quien recientemente renunció a su cargo como consejero consultivo de la CDHEM, confirmó que al menos dos amparos que promovieron los participantes del proceso que llevó a cabo el Poder Legislativo desde marzo hasta junio del presente año ya fueron admitidos por la justicia federal.
Al respecto, explicó que los juicios de amparo están motivados por la inconstitucionalidad en la que incurrieron los legisladores, al haber designado a un titular de la CDHEM sin actualizar la ley en la materia.
Detalló que la ley federal señala que los aspirantes a ocupar la presidencia de la CDHEM deben ser sometidos a consideración de la sociedad, para que el nombramiento no sea sólo político.

Sin embargo, refirió que los legisladores no atendieron a esta disposición. 
Rubio Antelis sostuvo que los diputados también cayeron en omisión legislativa por no haber armonizado la ley estatal con la Constitución federal, motivo por el que pedirán que sea la Corte la que revise el caso.
"Hay violación en el procedimiento marcado en el artículo 102 de la Constitución Política Mexicana, que señala que debe consultarse a la ciudadanía para que propongan candidatos y no se hizo y fue designación directa de los diputados", manifestó el abogado. 
Rubio Antelis afirmó que ante la inconstitucionalidad de su nombramiento, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado carece de legitimidad, al igual que los actos que lleve a cabo.

 

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El alcalde Adrián Cázares González se comprometió a salvaguardar, promover y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio.

Zacualpan.- Como parte de las acciones encaminadas a atender las diversas problemáticas y situaciones que se presentan en el municipio, el alcalde Adrián Cázares González, acompañado de la síndico municipal, realizó la firma de un convenio de colaboración con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM).

En dicho convenio, las autoridades municipales se comprometieron a que, dentro de sus posibilidades, se salvaguarden, promuevan y tutelen los derechos humanos de los habitantes del municipio y estarán atentas de que éstos se hagan valer ante las demás autoridades competentes.

Al respecto, el edil señaló que Zacualpan de Amilpas es un municipio comprometido con la protección de los derechos humanos de todas las personas, buscando siempre la sana convivencia y la igualdad de condiciones y derechos entre los habitantes.

Por ello, al firmar este convenio de colaboración con la CDHEM, se comprometen a continuar trabajando en este tenor.

Por su parte, el presidente de la CDHEM, Raúl Hernández, reconoció el interés de las autoridades municipales por fomentar y defender los derechos humanos de los habitantes del municipio, por lo que señaló que con la firma del convenio se podrán realizar avances en materia de la defensa de los derechos humanos de las y los zacualpenses.

Ante ello, exhortó a las autoridades a continuar trabajando en este tenor y de esta manera lograr que Zacualpan se convierta en un ejemplo para los demás municipios en la entidad.

Cabe mencionar que al término del acto protocolario, las autoridades mostraron el documento firmado y se comprometieron a continuar trabajando de manera conjunta en la aplicación y defensa de los derechos humanos de los habitantes del municipio.

 

 

 

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Es un asunto que no está normado y viola los derechos de los adolescentes, señala.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de  Morelos (CDHEM) consideró ilegal la aplicación de exámenes antidoping a estudiantes de nuevo ingreso del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 233, pues si bien tiene la mejor intención, es un asunto que no está normado y viola los derechos de los adolescentes.

El ombudsman estatal, Israel Hernández Cruz, consideró que la medida puede tener un buen propósito, pero transgrede derechos fundamentales, sobre todo tratándose de menores de edad.

“Uno entiende que estas medidas persigan una finalidad quizás útil, pero desde luego lo dicen bien, un examen de esta naturaleza, que no está basado en ley, en la Constitución, pues naturalmente invade la esfera particular de las personas”, señaló.

Señaló que si hubiese algún padre de familia o persona en desacuerdo con esta medida aplicada por el plantel escolar, puede promover recursos legales ante diversas instancias y acudir a la propia CDHEM para interponer su queja.

Desde el año pasado, el CBTIS 233, ubicado en el municipio de Zacatepec, en común acuerdo entre directivos y padres de familia, optó por solicitar a los alumnos de nuevo ingreso una prueba antidoping  para prevenir o detectar el consumo de drogas, sin que hasta el momento sea una medida restrictiva para entrar al plantel.  

 

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Sábado, 10 Agosto 2019 05:22

Nombramiento de titular de CDHEM, legal

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que tiene la confianza de que la designación de Raúl Hernández Cruz, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se hizo apegada a derecho y está firme, a pesar de los amparos promovidos por abogados que aspiraban al cargo.

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Ombudsman sugiere digitalizar trámites como medida para evitar condicionamientos en escuelas.

La Comisión de Derechos Humanos recibió las primeras quejas por la exigencia a padres de familia de cuotas escolares a cambio de entregarles documentos o inscribir a los menores, por lo que sugirió usar la tecnología para anular este tipo de prácticas que lesionan el derecho de acceso a la educación de los menores y la economía familiar.

El ombudsman estatal Israel Hernández Cruz señaló que el organismo recibió las primeras diez quejas de padres de familia inconformes con el condicionamiento de trámites e inscripciones a los planteles de educación básica, las cuales están en proceso de integración.

Consideró necesario que las autoridades educativas adopten nuevas formas para que los padres de familia puedan realizar los trámites de inscripción y obtener la documentación, y sugirió modernizar estos procesos con el uso de la tecnología.

“Valdría la pena de echarle un poquito de talento quizás,  y ver otras maneras que inhiban este fenómeno que se da en perjuicio del patrimonio de las familias.

“¿Y a qué me estoy refiriendo? Hoy sabemos que los medios electrónicos nos permiten generar desde los certificados, como es el caso de las cédulas profesionales, como los proceso de inscripción a los distintos trámites que existen en la república.

“Yo creo que si optara, se destinaran esfuerzos para avanzar en este sentido, a lo mejor al tener un efecto positivo en la medida que ya no dependería de las autoridades condicionar la entrega de un documento o una inscripción, a cambio de una cuota escolar”, explicó.

Exhortó a los padres de familia a acudir a la CDHEM en caso de enfrentar este problema, que se da al finalizar e iniciar cada ciclo escolar, para que reciban la orientación jurídica e inicien una queja contra las instituciones o servidores públicos implicados en el cobro de cuotas escolares.

 

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Defensores de derechos humanos  también deben ser resguardados, refiere.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) llamó a las autoridades estatales a reactivar el mecanismo local de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, tras el homicidio del periodista guerrerense Rogelio Barragán Pérez, cuyo cuerpo fue localizado el martes del jueves dentro de la cajuela de un auto en el municipio de Zacatepec.

Informó que inició la queja de oficio 163/2019-2 por el homicidio del comunicador, e hizo patente su preocupación por el aumento de agresiones contra periodistas y defensores, así como el alto grado de impunidad que prevalece en los casos.

“Resulta alarmante que frente a esta situación de violencia generalizada por la que atraviesa nuestro país y de la cual Morelos no es ajeno, no se encuentre en funcionamiento el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de este sector, cuya actividad profesional es catalogada como de alto riesgo en México, tal como puede observarse en el informe 018 sobre la seguridad de periodistas y el peligro de la impunidad, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

“Para esta Comisión resulta fundamental la atención coordinada para la garantía y protección de los derechos humanos, toda vez que durante el año 2019 se han documentado ocho quejas por agravios a periodistas y defensores de derechos humanos”, expresó el organismo.

Por tal razón, a través de un oficio, solicitó a las autoridades reactivar el mecanismo conforme a lo previsto en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

 

 

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Organismo fue criticado por una víctima, a la que se le propuso conciliar con su agresor.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) consideró necesario revisar los procesos de conciliación cuando se trate de casos de violencia contra la mujer, luego de que el organismo dijo que continúa con la integración de la queja promovida en contra de un elemento de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro,  

El pasado 15 de julio, Abigail Castro Román denunció públicamente haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja y agente antisecuestro, Ángel Olivo Ramírez, quien presuntamente la golpeó con un bastón policial retráctil y la amenazó con su arma de cargo, y echó mano de su cargo para entorpecer el proceso legal instaurado en su contra.

Incluso, la mujer reprochó a la Comisión de Derechos Humanos, a la que recurrió para pedir ayuda e iniciar una queja, que le haya pedido conciliar con el presunto agresor.

Cuestionado al respecto, el ombudsman Israel Hernández Cruz señaló que la normatividad que rige al organismo obliga a darle parte de la queja a la contraparte -en este caso al agente antisecuestro implicado, quien negó las acusaciones- y continuar con el proceso de integración de queja.

También señaló que el procedimiento legal también establece la necesidad de conciliar entre las partes implicadas, es decir, “es una etapa previa al seguimiento de la investigación por parte de la comisión”.

Cuestionado sobre porqué tratándose de casos en se presume hubo violencia física y emocional, una víctima es obligada a agotar la etapa de conciliación con el probable agresor, señaló que este caso lo recibió ya con todas esas actuaciones, “pero en efecto comparto la posición de ustedes en que se tiene que tener mucha sensibilidad y cuidado, y quizá en un primer momento no, si bien no llamar a las partes directamente involucradas  y sobre todo provocar ese enfrentamiento en algo tan delicado como lo es la violencia familiar, violencia de género, quizá través de un superior jerárquico primero”.

Derivado de este caso, consideró necesario revisar los procesos internos del organismo en torno al tratamiento de los casos de víctimas violencia familiar o de género.

 

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Miércoles, 24 Julio 2019 05:14

CDHEM atenderá queja contra exrector: Maruri

Activista amplió queja por presuntas amenazas contra el actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

La activista y representante de la organización defensora de derechos humanos “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) a ampliar su queja por las amenazas que recibió del ex rector de la UAEM y actual titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Alejandro Vera Jiménez.

Acompañada por miembros de la Asociación Cívica “Gustavo Salgado”, acudió a la sede central del organismo estatal, donde fue recibida por Víctor Maruri Alquisira, secretario ejecutivo de la CDHEM, quien explicó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos remitió al organismo local la queja iniciada por la activista, por tratarse de un funcionario de la administración pública estatal.

Díaz Pineda señaló que realizó una ampliación de la queja ante la comisión estatal, en virtud de que las autoridades estatales toleraron la amenaza y protegieron a Vera Jiménez en lugar de frenar la agresión.

Recordó que en mayo pasado en su cuenta personal de Facebook criticó los “faros de paz” y los diagnósticos de violencia que realiza ex rector de la UAEM sin la inclusión de mujeres, pese a la ola de agresiones contra mujeres y el incremento de los feminicidios en Morelos.

Posteriormente, recibió una llamada telefónica de Alejandro Vera reclamando el “periodicazo”. Afirma que el funcionario le dijo que ella no era nadie en comparación con su trayectoria académica y política y que él también sabía cosas para regresarle el “periodicazo”.

Díaz Pineda lamentó que su derecho a disentir y expresar su opinión a través de una red social haya ocasionado la reacción del servidor público y sostuvo que ni en los peores tiempos de Graco Ramírez, de cuyo gobierno fue una fuerte crítica, recibió una amenaza velada.

También criticó que, siendo Vera Jiménez un funcionario subordinado del Poder Ejecutivo estatal, se le permita asumir este tipo de actitudes, cuando lo único que se le pidió fue la inclusión de mujeres en esa estrategia de pacificación y diagnóstico sobre violencia, porque es justo este sector de la población el que sufre la violencia en todos sus tipos y el número de feminicidios es preocupante.

Hizo un llamado a frenar las amenazas y a respetar el derecho a la libertad de expresión, así como prevenir que en lo sucesivo ocurran más casos como el de ella.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CDHEM señaló que se dará el debido cauce a la queja presentada por la activista y se instará al gobierno de Morelos a establecer el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en virtud de que esperan atención el caso de Susana Díaz y varios más.

 

 

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Pero también hay limitantes, asegura visitadora de la dependencia en la región surponiente.

Jojutla.- Los ciudadanos sí pueden grabar las acciones de las autoridades, sin que cometan un delito, mientras que las autoridades se deben sujetar a los que les permita la ley, aseguró la visitadora regional surponiente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Aurelia Castañeda Castillo.

Ante los casos de denuncia, especialmente de policías, que se molestan porque los graban (incluso han llegado a quitar cámaras o teléfonos a los ciudadanos o periodistas que lo hacen), la visitadora señaló que grabar la acción de un funcionario público o policía es un acto de documentación.

“Estamos hablando del derecho a documentar. La persona que está en vía pública puede usar cualquier herramienta tecnológica para grabar el actuar (de los funcionarios) o lo que esté en vía pública. No es un delito documentar”, detalló.

Señaló que por su parte, la autoridad sólo está facultada a realizar aquello que le permite la ley, mientras que el ciudadano puede realizar lo que la ley no le prohíba.

“No hay una restricción en cuanto al uso de herramientas tecnológicas para reproducir imágenes. Evidentemente se debe hacer un ejercicio responsable de ese derecho, no se trata de que me la pase por la vida grabando lo que yo quiera y publicando cualquier cosa que pudiera generar un perjuicio para otra persona”, explicó.

No obstante lo anterior, Castañeda Castillo destacó que hay limitantes, ya que no se puede uno meter con la vida privada de los demás, ni se puede incitar a cometer un delito. “Los derechos no son absolutos”, concluyó.

 

Publicado en Zona Sur

Indagatorias revelarán si hay responsabilidad en los hechos del excomisionado de seguridad, Alberto Capella Ibarra, dice Raúl Israel Hernández.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), Raúl Israel Hernández Cruz, afirmó que las nuevas investigaciones que se realicen a partir de la recomendación de la CNDH deberán determinar si la responsabilidad por la ejecución arbitraria de una familia alcanza a altos funcionarios como Alberto Capella Ibarra, ex titular de la Comisión Estatal de Seguridad, y no descartó la posibilidad de la creación de una comisión especial para la investigación del caso Temixco, dado que la recomendación implica por acción u omisión a muchos servidores públicos todavía en activo. 

Informó que este lunes la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue parte de los temas tratados en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Seguridad y la Paz en Morelos, en la que las autoridades del gobierno de Morelos y la Fiscalía General del Estado acordaron analizar los alcances para fijar una posición ante el organismo nacional.

Ante la confirmación de la CNDH de que las seis personas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13) fueron ejecutadas arbitrariamente y que no fueron víctimas de “fuego cruzado”, como sostuvo en su momento la CES y la FGE, el ombudsman señaló que serán las nuevas investigaciones que se realicen las que determinen el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervinieron directamente en el operativo de la madrugada del 30 noviembre de 2017 en la colonia Rubén Jaramillo, del municipio de Temixco, que cobró la vida de una familia, y los que por acción u omisión toleraron los hechos.

Cuestionado sobre si las nueva indagatorias podrían alcanzar al ex titular de la CES y actual secretario de Seguridad del Estado de Quintana Roo, Alberto Capella, señaló que “por cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron y hasta donde llegue, eso va a ser el resultado de las investigaciones a las que, en términos de la recomendación, están obligadas las autoridades del gobierno del estado, en concreto de la fiscalía general, porque en efecto, de las cuestiones que se destacaban en la recomendación es que desde que se apersonaron inclusive, hubo irregularidades en la manipulación de la escena del crimen y de la investigación”.

Y acotó: “Todos los titulares de las instituciones tienen un grado de responsabilidad por lo que ocurra en su responsabilidad, y entonces las investigaciones si concluyen o llevan a que por un acto u omisión del titular de una institución se dieron estos hechos, pues desde luego que tiene que ser sancionado, pero para eso existen estos procedimientos, para que respetando el debido proceso se concluya con certeza de que una persona es o no responsable de un acto u omisión que la ley sanciona”.

Debido a que la recomendación de la CNDH planteó que existió una cadena de violaciones graves a los derechos humanos e irregularidades en los procedimientos desde el inicio de la implementación del operativo, la perpetración de la ejecución, la alteración de evidencias, anomalías en certificación de detenidos, errores en las necropsias de la víctimas, inconsistencias en las declaraciones de los policías, entre muchos otras anormalidades detectadas por el organismo nacional y que implican decenas de servidores públicos del sistema de justicia, se le cuestionó sobre si es necesario la integración de una comisión de la verdad o una fiscalía especial para el caso Temixco.

El ombudsman respondió: “No descarto esa posibilidad, insisto que se tendrá que definir analizando con mucha responsabilidad y prudencia sobre la pertinencia de hacerlo, porque aquí de lo que se trata es de acceder a la verdad y que se responsabilice y sanciones a quienes hayan actuado en contra de la ley y cometido franca violación y desprecio a los derechos de las personas”.

Indicó que el caso Temixco no está cerrado en tanto que la CNDH mantenga vigentes la recomendación por la ejecución arbitraria, y por lo cual las autoridades deberán fijar postura al respecto.

Según la versión oficial de los hechos de la madrugada 30 de noviembre de 2017 sostenida por el gobierno de Graco Ramírez y el otrora titular de la CES, Alberto Capella, una denuncia ciudadana alertó de una supuesta casa de seguridad donde había personas privadas de su libertad en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco.

Al llegar a la casa (que habitaba José Valdez Chapa y su familia),  los policías aseguraron que fueron agredidos con armas de fuego y comenzó la refriega con el supuesto grupo criminal que se extendió por más de dos horas.

El saldo fue de cinco detenidos (que luego fueron liberados por un juez al no haber indicios de la comisión de un delito) y seis personas muertas (cuatro mujeres, un bebé y un menor de 13 años que se resguardaron en un baño) presuntamente en el “fuego cruzado”.

La versión de los deudos y posteriores investigaciones periodísticas revelaron que los policías irrumpieron en el domicilio y atacaron a sus ocupantes.

Incluso, la propia familia acusó que las víctimas habrían sido ejecutadas al recibir el tiro de gracia, pero la fiscalía estatal, que entonces dirigía Javier Pérez Durón, sobrino político de Graco Ramírez, rechazó esa versión.

 

    

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