En conferencia de prensa, el presidente de la Canaco, Alfonso Ocampo Suazo, así como el asesor y otros integrantes de la cámara, refirieron que el año pasado propusieron al gobierno en turno, pagar 150 pesos (igual que el año anterior) por el refrendo. Sin embargo, no hubo respuesta y volvieron a presentar otra propuesta, de 220 pesos, de la que tampoco la ha habido. Ante tal circunstancia, han insistido ante el ayuntamiento para poder resolver este asunto y este martes, se reunieron con el edil, el secretario municipal César Bahena Valle y el director de licencias y reglamentos Carlos Vargas, a quienes –dijeron- el propio edil instruyó para dar respuesta, pero ni así han tenido solución.

“El edil le dio instrucciones al secretario de gobierno y a la fecha no acata lo solicitado. Le hacemos un respetuoso llamado a Retiguín de que se faje los pantalones y que haga que sus subordinados acaten lo que él les instruye, de lo contrario le puede costar la presidencia municipal porque él es el responsable”.

No queremos pensar, dijo García Álvarez, que hay acuerdo entre el edil y sus subordinados de que el primero dice que se resuelva y “por abajo del agua”, les dice que no hagan nada, utilizando tácticas dilatorias de desgaste.

Adicionalmente, añadió, los fiscales están presionando a los comerciantes a pagar, bajo amenaza de que les cerrarán el negocio, por lo que los directivos de la Canaco llamaron a acercarse a éste órgano para ser asesorados.

“Como institución representativa, no podemos permitir que siga este desgobierno, porque el que gobierna es el hijo del presidente, Rubén. El edil tiene que definirse, que entienda que no es lo mismo ser líder de los cañeros, a ser líder de una comunidad plural que tiene diversos problemas, entre otros, el que nos está afectando a un número muy importante de comerciantes establecidos que pagamos nuestros impuestos de los que ellos viven”, remató García Álvarez.

Los directivos de Canaco advirtieron que de no recibir respuesta a su petición, de agilizar la entrega de los registros, acudirán al Tribunal de lo Contencioso y si persiste la situación, tomarán la presidencia municipal de manera simbólica para “hacer respetar nuestros derechos”.