En la sesión de cabildo del pasado miércoles 12 de noviembre, el regidor Gerardo Sánchez Mote, solicitó la información de dos casos de ex trabajadores que en medios de comunicación se han quejado de abandono del gobierno, e incluso han llamado “inhumano” al municipio. “Quisiera tener más información de esto, para ver los asuntos, quitarle el tinte político y darle una solución”.

Por su parte, la alcaldesa Hortencia Figueroa Peralta, aprovechó para negar las acusaciones y asegurar que su gobierno no ha sido “ni omiso ni irresponsable” en estos casos.  Explicó que uno de los casos es el de Rafael Campos Valverde, policía que fue despedido por la administración de Enrique Retiguín. Demandó y obtuvo un laudo favorable por 180 mil pesos. El gobierno le ofreció en octubre el 50 por ciento y reinstalarlo con un salario de cinco mil pesos, además de incorporarlo al IMSS “cuando haya condiciones”.

“Este tema se ha expuesto en razón de que Rafael Campos Valverde es hermano de dos conocidas trabajadoras de los medios de comunicación, de periodistas que tienen el derecho legítimo de defender a su familiar, y yo,  hace mes y medio, recibí la llamada molesta de su hermana Griselda, y la amenaza de que era un asunto que iban a reventar en medios de comunicación”.

El segundo caso, prosiguió es el de Jorge Silva, quien perdió un pie cuando trabajaba en el camión de la basura.

“A este ex trabajador lo defiende Manuel Guzmán, uno de los aspirantes a la alcaldía de Jojutla, que en la pasada administración fue juez y parte en los asuntos laborales, ya que negociaba con los trabajadores y a varios los defendía desde su despacho particular”.

Aseguró que es el abogado el que no acepta la propuesta que le hicieron a Silva por su asunto laboral, porque iba a ganar menos. Sostuvo que Guzmán Pérez es abogado de los dos ex trabajadores y ya no tiene posibilidad de hacer los arreglos que antes hacía.

“Hemos hecho propuestas de solución, pero se requiere de la voluntad del trabajador para llegar a un acuerdo”, afirmó.

En entrevista, la alcaldesa expuso que la comisión se integrará por miembros del cabildo, aunque por el momento no se ha determinado. “Es una comisión abierta para que los integrantes del cabildo que quieran participar lo hagan, nosotros habremos de presentar los documentos de los pagos que se han generado a los dos ex trabajadores  y también de la resolución el antecedente que tenemos en el caso de Rafael Campos, como una referencia pues para poder llegar a una negociación”.