El integrante de la mesa directiva de la Canaco, Marcos García Álvarez, recordó que en los últimos meses los municipios de Puente de Ixtla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, no han querido hacer el registro de sus afiliados, ya que buscan aplicar cuotas ilegales o sacar algún provecho de ese requisito, por lo que los calificó de pretender imponer un “régimen feudal”.

Afirmó que la Canaco se ha portado “consecuente y compasiva” con los gobiernos municipales, pues han querido entablar diálogo con ellos y se han negado, cuando es su obligación  constitucional como autoridad inscribirlos en el catastro de la municipalidad.

“Debido a que la autoridad es omisa como en este caso, y ya es reiterada la actitud, no solamente de estas administraciones, sino de las pasadas, propuse al presidente y al consejo de la cámara, que se mande una iniciativa al Congreso del estado para que se acabe este desgaste absurdo, porque (el registro) no es ni una licencia, ni un permiso, es el ejercicio de una libertad que nos otorga el artículo 5º constitucional”.

Aseguró que la dilación en el registro, que han solicitado desde principios de año en los municipios mencionados y no se ha concedido, lo único que hace es afectar el buen curso de la apertura o el funcionamiento de todo tipo de negocios, cuando, de acuerdo con la constitución, la obligación de los municipios es fomentar, el comercio, la industria y los servicios.

“Cuando se falta a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, como en este caso, se puede pedir a  los diputados  que los obliguen a cumplir con su obligación”.

Registrarnos en el padrón municipal es un desgaste que le quita tiempo a las  organizaciones y genera corrupción, porque se condiciona el registro de una actividad a un pago, o a tener ciertas influencias, y aquí viene el tráfico de influencias, señaló.

Dijo que los presidentes municipales deben ser los primeros en atender los reclamos de los ciudadanos y las organizaciones, y en lugar de eso, ponen muchas trabas. “Una de sus labores fundamentales es ser facilitadores para que haya más trabajo, más empresas, y más captación de contribuciones, porque lo único que hacen es fomentar la corrupción y un dinero que debiera entrar a tesorería se va a las manos de los malos funcionarios”.

“El registro lo inventaron y lo pusieron en el bando, porque es muy lucrativo y caemos en un sistema feudal, en la que el gobierno en turno se siente dueño y por permitirnos una actividad lícita, tengamos que pagar alguna cantidad o bien padecer el engorro del trámite”.