La mañana de ayer, ejidatarios se reunieron en el lugar llamado “La quebradora”, luego de que representantes de la Profepa llegaran a realizar una inspección.

El comisariado ejidal de Xicatlacotla, Acasio Carpo Álvarez, acompañado de su presidente del consejo de vigilancia Adán Nava Zúñiga, explicaron que ellos asumieron el cargo hace apenas unas semanas. Al revisar la concesión que el ejido otorgó por varios años a las empresas “Tribasur” y “Lavisa” para la explotación de piedra como material de construcción, se encontraron que la empresa Tribasur tenía 11 meses sin pagar.

Dijo que la deuda ascendía a 550 mil pesos y por ello impidieron que la empresa continuara con la explotación del material. En lugar de pagar, la empresa metió una denuncia ante la Profepa de que se estaba afectando el medio ambiente y también acusó que los ejidatarios se metieron en la propiedad concesionada y se llevaron dos camiones de piedra con valor de 400 mil pesos.

A consecuencia de ello, denunciaron que el martes pasado, el Mando Único detuvo ilegalmente a cinco personas, entre ellos al hijo del presidente del comisariado, que estuvieron detenidos cinco horas en la Profepa incomunicados.

“Tribasur, representada por Samuel Servín, es la empresa que nos está generando todo esto. Ahorita la Profepa está realizando una inspección por una demanda que este señor (Servín) interpuso, argumentando que nosotros habíamos robado piedra, cosa que no es cierta”.

Consideraron “sospechosa” la prontitud con la que la Profepa atendió esta denuncia, cuando en las ocasiones que los ejidatarios se han quejado “nunca han venido”.

“En lugar de pagar, Tribasur nos demada. Me extraña que las autoridades federales estén bien puntuales, percibimos que Profepa le da el lado a Tribasur”.

Acusaron que en este poblado no hay fuentes de empleo y en los últimos tres años no ha llovido, por lo que se ha perdido la mayor parte de sus cultivos de temporal, por lo que exhortaron a las autoridades federales a resolver este problema, pues es de las pocas fuentes de ingresos que tienen.

El abogado de los ejidatarios Omar Chávez Dorantes dijo que como Tribasur dejó de pagar, en automático perdió la concesión a diez años que tenía.

Además, el ejido cuenta con pagarés por esos once meses que adeuda, que harán efectivo, con el 20% de recargos.

“Debido a que se le prohibió que accediera a la parte que se le concesionó, la empresa Tribasur tomó medidas contra el mismo pueblo y en contra de la otra compañía. En un arrebato de coraje, fue con las autoridades federales y, extrañamente, éstas le dieron celeridad a ese procedimiento y llegaron las autoridades y bloquearon el trabajo que estaba realizando Lavisa”.

Deploró que los ejidatarios se queden sin este ingreso, que es de los pocos que tenía, pues no ha llovido en el campo y además tienen problemas con Hacienda y hace poco colocaron una antena de telefonía celular, por cuyo permiso no han pagado.

Profepa, prosiguió, desde ayer está realizando una inspección de carácter administrativo para ver las condiciones en las que está el lugar donde sucedió la extracción, la maquinaria, que está resguardada, y “ese es también otro problema”. “La dependencia va a reunir diversos elementos para determinar si hubo algún daño ecológico”.

El abogado adelantó que acatarán la sanción que imponga la Profepa, si es que se ha infringido alguna disposición. “Estamos en espera de la determinación y las acataremos, sin infringimos algo, fue por desconocimiento”.

Representantes de Profepa se negaron a dar declaraciones. Remitieron a la delegación ubicada en Cuernavaca para cualquier información.

Sólo comentaron que los ejidatarios –o quien explota el banco de materiales- deberá presentar el estudio de impacto ambiental que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en tanto, se clausurarán los trabajos de extracción.

En el lugar, estaban presentes también elementos del Mando Único, representantes del gobierno del estado y del ejército mexicano.