La presidenta municipal Mari Cruz Bastida Muñoz reveló que si bien la empresa se encuentra en Tepetzingo, municipio de Emiliano Zapata, ha explotado por años material del municipio de Tlaltizapán, concretamente en Ticumán, y no pagaba impuestos por ello, ni por el uso de explosivos.

Reconoció que en principio, durante esta administración se detectó que por alguna razón, la empresa no había pagado su licencia de uso de explotación de material, por lo que se acercaron a ella, le requirieron y sí pagó su licencia. Fueron varios millones de pesos los que pagó, que “desafortunadamente” fueron utilizados para pagar laudos laborales, en lugar de utilizarlo para el desarrollo del municipio, deploró la alcaldesa.

No obstante, resaltó que detectaron también que la cementera utiliza dinamita para extraer el material, lo cual requiere del permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y también, según lo marca la Ley de Ingresos, genera impuestos municipales.

“Le solicitamos el permiso autorizado por Sedena y no hemos recibido respuesta”.

Explicó que la empresa comenzó operaciones en el año 1997, pero en el año 2000 compró los terrenos donde extrae el material y desde esa fecha no cuenta con permiso para el uso de explosivos. “En su momento debieron haber tramitado un permiso municipal y de acuerdo con los archivos no existe ningún documento aprobado por ningún presidente municipal, ni mucho menos por la Sedena”.

Destacó que de acuerdo con la Ley de Ingresos, las multas y recargos “y todo lo demás” que no se ha pagado desde el año 2000, la empresa debe una cantidad muy importante de dinero al municipio, cuantificada en 500 millones de pesos, aunque dijo que es negociable porque el municipio está abierto “al diálogo”.

“Vamos a intentar cobrarlo, porque nos asiste el derecho, de acuerdo con nuestra ley de ingresos. Ya se iniciaron los requerimientos a la empresa, que de acuerdo con la ley tenemos que hacer, porque de no hacerlo, pudiéramos caer en omisión. La empresa ya recibió al área jurídica, ya fueron notificados oficialmente y estamos a la espera de la respuesta”, puntualizó, y no descartó una posible suspensión de los trabajos.

Reconoció que es una cantidad muy grande de dinero, por lo que insistió en que estarían dispuestos a dialogar con la empresa, que además se reconoce como “socialmente responsable”. Aunque también admitió que este asunto podría llevarse meses y resolverse incluso en la próxima administración.

“Estamos conscientes de que pudiera llevarse meses, que igual se resuelve ahorita, que el próximo año. Lo importante es que tenemos un área de oportunidad para salir adelante”.