Tlaquiltenango.- Los cinco regidores del ayuntamiento de Tlaquiltenango, como autoridades municipales, fueron requeridos de parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, para que pagaran un laudo de 171 mil pesos de un ex trabajador. De no pagar en los próximos días, serían sancionados con 15 salarios mínimos cada uno.
El asesor jurídico de la comuna, Enrique Zavala Castillo, señaló que se trata de un proceso iniciado en el año 2012 y que hoy toca a esta administración solventar.
“Es un requerimiento de pago de un procedimiento laboral de un laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en donde se emitió un fallo por esta autoridad y se está realizando un requerimiento de pago por 171 mil pesos, aclarando que este procedimiento inició en el año 2012 y a través del tiempo le tocó a esta administración hacer frente a los requerimientos”.
Reconoció que no harían la exhibición de la cantidad requerida, pero en su momento el Ayuntamiento tendrá que cubrirla.
“En el primer requerimiento, viene un apercibimiento que para el caso de que no se realice el pago en el momento, se establece como una multa de 15 días hábiles. Eso tendrá que realizarlo de oficio la autoridad, o en su caso, a petición de la parte interesada”.
Sostuvo que si los sancionan, los regidores deberán pagar de su propio bolsillo.
“Estamos en la etapa de ejecución de laudo, que es cuando se inicia precisamente con el requerimiento de pago, al cual está obligado a cubrir el municipio de Tlaquiltenango”.
Dijo que ahora, le toca realizar las promociones que corresponden a la parte actora en este caso y al Ayuntamiento le toca realizar la defensa jurídica al respecto y en su momento, después de realizar agotar todos los trámites de ley, acatar las órdenes que ha emitido el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Precisó que el requerimiento sólo fue para los regidores, porque en esos términos está emitido el auto. “Es un auto de requerimiento de pago y de cumplimiento a cargo de dos regidores con el apercibimiento a dichos funcionarios nada más”.
El asesor jurídico reconoció que existen muchos más de estos casos.