Todos hemos tenido la experiencia de comprobar que ciertos grupos de menores de edad consumen grandes cantidades de bebidas embriagantes que, por supuesto, alguien les provee.
A partir de unos meses, sí alguien es sorprendido mientras vende alcohol a personas menores de 18 años, puede ir directamente a la cárcel.
Que exista la ley no garantiza su cumplimiento, pero es un avance que puede contribuir a que los niveles de consumo de esa droga legal y socialmente permitida desciendan.