El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública y por eso se han creado políticas nacionales que buscan mejorar la alimentación de las nuevas generaciones.

Las medidas incluyen evitar que en las escuelas se venda comida y bebidas con alto contenido calórico.

Sin embargo, el organismo encargado de supervisar que la norma se cumpla es omiso y argumenta una escusa burocrática.

Es de suponer que nadie le culpará del retroceso en el cumplimiento de las metas en esa lucha contra la obesidad, ni tampoco se verán afectados los salarios de quienes se encargan de esa labor, lo cual suena muy lamentable.