Efectivamente. Tal y como lo sostiene el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública han simulado que sancionan a los funcionarios y empresarios responsables de los numerosos errores cometidos en la construcción del paso exprés, así como de sus sobrecostes injustificados.
En los meses que han transcurrido desde su apertura han muerto al menos dos personas (las que cayeron en el socavón, más las que sufrieron accidentes por las fallas del trazado) y su falta de operatividad produjo la destrucción de las carreteras secundarias de la zona sur de la entidad y pérdidas incuantificables por el retraso para circular entre Acapulco y la Ciudad de México. Eso sin contar las horas-hombres que se pierden en la zona metropolitana de Cuernavaca por los habituales congestionamientos derivados de las correcciones de las fallas mortales.
Y todo eso no ha sido sancionado ni administrativa ni penalmente. Desde el secretario de Comunicaciones y Transportes hasta el último ingeniero con responsabilidad en la obra viven con la mayor tranquilidad.
Todo indica que seguirán, lamentablemente, impunes.
