La responsabilidad de reordenar el sistema de transporte público estatal es muy grande. Las anteriores administraciones de gobierno sólo se dedicaron a lucrar con las autorizaciones (muchas de ellas ilegales) para prestar el servicio en las tres regiones del estado.
El daño económico que la corrupción provocó en el sector es enorme, pues esa actividad dejó de ser lucrativa y en el sector del taxi es apenas de supervivencia, por el exceso de vehículos en circulación, aunque eso no haya significado que la competencia disminuyera las tarifas.
Se requerirá mucha mano dura para enfrentar tantos intereses encontrados además de la influencia de personajes ligados a la administración anterior que buscan conservar los privilegios logrados al amparo de la corrupción.
