Desafortunadamente, son muchos sectores económicos y sociales los afectados por la disputa en torno al presupuesto 2019.
No sólo las oficinas públicas lo requieren para su aprobación: desde la universidad y los subsistemas educativos de bachillerato hasta el ciudadano común propietario de un vehículo han visto paralizadas sus expectativas pues, por ejemplo, la expedición de placas está suspendida o la tramitación del subsidio federal para la UAEM requiere saber el monto que se le debe asignar a la institución.
Los errores, omisiones y acciones probablemente malintencionadas contenidas en el presupuesto aprobado pero que aún no entra en vigor ya significan mucho para el ciudadano informado, que una vez más se ha visto atrapado por un Congreso que no está a a la altura del mandato popular expresado en las urnas el pasado 1 de julio.
