El gobierno anterior fue generoso a la hora de propiciar la operación de vehículos particulares en el servicio de transporte público, especialmente en el caso de la modalidad de taxis.
La competencia ilegal que enfrentaron en el sexenio pasado los transportistas fue brutal y continúa, debido a la cantidad de permisos expedidos por las mismas autoridades graquistas, que en teoría deberían combatir el fenómeno que terminó por convertirse en normalidad.
Sin embargo, hay responsables de esa acción y los permisos irregulares tienen la firma de quienes participaron en ese negocio.
Sin embargo, para poner orden se requiere que quienes explotan el servicio de manera ilegal asuman la nueva realidad y dejen de presentarse como víctimas a la hora en que la autoridad les impide circular.
