A pesar de que fue una decisión que su dirigencia nacional aceptó en su momento dócilmente, ahora la Sección 19  del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) revela que ha iniciado procedimientos jurídicos para exigir a las autoridades estatales actuales prestaciones que en la aplicación de la reforma educativa federal no fueron contempladas y que, de obtenerlas, significarán una sangría adicional a las arcas públicas.

El gobierno anterior llenó el presupuesto de obligaciones antes inexistentes para minar la operatividad de quien se haría cargo del gobierno estatal.

El reclamo por la vía judicial rebasa los acuerdos a los que se había sujetado el sindicato magisterial y parece encaminado a acabarse los pocos recursos disponibles.