El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ha lanzado una dura advertencia a los dueños de negocios que se opongan a dar información.
La multa a la que se pueden hacer acreedores es cuantiosa y la medida busca lograr la cooperación de los propietarios del diez por ciento de los establecimientos que falta por censar en Morelos.
La información que se obtiene de cada censo es vital para trazar los planes gubernamentales, pero la desconfianza por los actos de extorsión que se padecen en la entidad podría ser una de las causas de la renuencia a entregar datos.
Si el Inegi consigue romper ese silencio, logrará una base de datos estratégica para planear el desarrollo de Morelos. Esperemos que las sanciones no sean necesarias.
