Cada año, antes de las lluvias, quienes habitan en zonas de riesgo como minas y barrancas son conminados a desalojar sus viviendas a fin de evitar riesgos mortales.

Sin embargo, poca gente hace caso, pues prefiere conservar de forma azarosa un bien inmueble aunque les vaya en juego la vida.

Sin embargo, cuando algo ocurre, es necesario disponer de recursos públicos para atender las contingencias, por lo que la autoridad debería utilizar las razones y los instrumentos que da la ley para aplicar soluciones más efectivas.

Es una irresponsabilidad poner en riesgo a la familia, pero quienes habitan en esos lugares inadecuados eso hacen, lo que requiere una tutela más amplia de la autoridad.