La denuncia de un ex secretario del trabajo metido a asesor sindical no muestra un escenario nuevo, pues por décadas se ha dado por hecho que los ayuntamientos son incapaces de ofrecer seguridad social a sus trabajadores, que se han resignado a esa realidad.

Sin embargo, son los empleados más desprotegidos los que sufren por el incumplimiento de la ley, ya que sus recursos no les alcanzan para atender sus problemas de salud o los de su familia. El derecho a la jubilación sí lo tienen, pero en un esquema ineficiente que pone toda la responsabilidad en las finanzas municipales, que a cambio nunca reciben una aportación para cubrir esa materia.

La seguridad social es un tema pendiente, pero difícilmente se cubrirá en estos momentos mediante el ejercicio de la huelga, pues la falta de castigo a los corruptos ha dejado las arcas municipales sin recursos económicos.