La extorsión es uno de los delitos más recurrentes en la entidad y quizá el que más afecta a la actividad productiva, porque obliga a las víctimas a cerrar sus negocios y con ello se pierden empleos e inversión.

Los comercios pequeños y los profesionistas independientes son los que más sufren por ese fenómeno, aunque las grandes empresas tampoco se salvan.

Las modalidades de ese delito no se corresponden con la forma en que se persigue, cuando eso llega a ocurrir. Casi siempre ha sido la intervención de los propios afectados –cuando se hacen justicia por su propia mano- cuando se ha puesto un freno a la extorsión en algunas comunidades.

Sin embargo, tipificarlo como delito grave puede ayudar a cambiar las cosas, porque esa clasificación penal impediría a quienes fueran acusados de incurrir en extorsión llevar su proceso en libertad.

Y eso puede ser un fuete elemento disuasorio, aunque para que eso sea posible hace falta llevar a cabo un complicado proceso legislativo.

Habrá que seguir muy cerca el tema, porque de concretarse puede traer cambios de impacto inmediato en la ciudadanía.