El asunto de las pensiones pudo resolverse desde hace lustros pero nadie quiso pagar el costo político de obligar a los trabajadores al servicio del Estado a aportar una suma mayor a la que ahora contribuyen para ese concepto.
La realidad nos alcanzó muy pronto y hoy el dinero que se requiere para pagar jubilaciones y pensiones se come el grueso del presupuesto estatal.
La jubilación es una prestación, pero mientras los trabajadores sin rango reciben una suma módica, cientos de exfuncionarios fueron favorecidos con elevadas cifras que dañan las finanzas estatales y municipales.
Quizá además de una salida consensada que implique una mayor aportación de los trabajadores al fondo que debe crearse también tiene que incluirse en la medida la revisión de las pensiones más elevadas, para verificar su legalidad.
Estamos en un momento dramático, una línea de cambio generacional que exige tomar decisiones audaces para que las siguientes generaciones tengan un mínimo de bienestar pero también para que en el presente los recursos públicos alcancen para todo lo que se requiere.
