En la primera parte de la anulación de las llamadas “pensiones doradas” hubo errores en el procedimiento legislativo que permitieron a los involucrados mantener su costoso privilegio, por lo que es de esperar que en la nueva tanda de anulaciones las formas y el fondo se hayan cuidado más.

Resulta insultante pagar a quienes no tienen derecho a una jubilación pero que además incurrieron en delitos para tratar de justificar ese derecho, pero más insultante resulta que los procedimientos para anular los pagos citados se hagan de manera incorrecta, ya sea por desconocimiento o a propósito, y eso favorezca a los delincuentes de cuello blanco que la anterior administración saquearon el erario.