Jorge Messeguer y David Martínez Martínez deberían estar muy preocupados ahora que su director general de Transporte Público y Particular se encuentra en prisión, acusado de emitir de forma ilegal permisos para operar taxis.
El exfuncionario actuó desde la estructura de la Secretaría de Movilidad y Transportes y, por la magnitud de sus acciones, no actuaba en secreto, por lo que sus superiores jerárquicos tienen responsabilidad y es obligación de la fiscalía anticorrupción llevarlos a juicio.
El daño que provocó el “servidor público” (es una ironía) hoy encarcelado y sus secuaces no solo fue económico, sino social, pues los miles de engañados reclaman al actual gobierno que se legalicen sus papeles y para eso han recurrido más de una vez a medidas de fuerza que terminaron por dañas a decenas de miles de personas.
Esperemos que las pruebas aportadas por la fiscalía sean firmes y la detención a la que se hace referencia termine con una sentencia y el encausamiento de más responsables.
